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Ingreso de menores a hoteles
Lunes, 1 de julio de 2019
Sotelo: Le estamos dando a la ciudad herramientas para prevenir el turismo sexual y la trata
En todo el mundo alrededor de 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas del denominado turismo sexual infantil, un verdadero flagelo contra el que luchan organizaciones como Ecpat y Unicef.



La concejala capitalina Nancy Sotelo, coautora junto a Cecilia Baroni del proyecto que regula las condiciones de ingreso de menores a hoteles y alojamientos de Resistencia, valoró el paso que está dando la ciudad al alinearse con la normativa nacional e internacional para cortar los circuitos de trata y explotación de menores.

“Argentina está entre los países elegidos por las redes que aprovechan la vulnerabilidad de los menores por ser menores y por ser pobres, para alimentar voraces circuitos delictivos, y Chaco no es la excepción”, dijo Sotelo y aclaró que no sólo se trata de redes internacionales.

Según la edila, la normativa tendrá un efecto disuasivo en quienes pretendan utilizar estos establecimientos con fines asociados a la explotación infantil, pero también generará un compromiso institucional y de la sociedad en general. “Queremos que los controles sean efectivos, no sólo por la existencia de la trata de personas, sino por todas las formas de violencias y abusos sexuales a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes”, sentenció.

Una vez que la ordenanza esté vigente (ya se aprobó la primera lectura y se realizó la audiencia pública con actores del sector y la comunidad) los hoteles, apart hoteles, moteles, residenciales y hospedajes, deberán llevar un registro foliado de todas las visitas que realicen adultos acompañados por menores, y el municipio se encargará de controlarlo y, al término de dos años, lo archivará.

“El hotel solicitará los documentos a los adultos, como de costumbre cuando se realiza el 'check in', y en caso de que haya menores y éstos tengan un parentesco o un vínculo jurídico con ese adulto -caso contrario no podrán ingresar- los documentos se fotocopiarán, se foliarán y se guardarán”, precisó Sotelo.

Las multas por no cumplir con esa reglamentación serán muy duras: 1000 U.F. (“Unidades Fijas” equivalentes al precio del litro de nafta súper) y clausura temporaria del establecimiento la primera vez, y la clausura definitiva en caso de reincidencia. “No debemos perder de vista que estamos hablando de la prevención de delitos que son gravísimos a nivel mundial”, indicó Sotelo.

En cuanto a la falta de un marco normativo a nivel provincial, la concejala consideró que el Ejecutivo Municipal tendrá herramientas disponibles para un control rutinario eficiente, porque “es el Estado más cercano al vecino y vecina”, pero reconoció que cuando la Provincia tenga una ley que abarque todo el territorio “será más fácil romper los circuitos de explotación y trata en cada localidad”.


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