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Transparencia de la administración

Lunes, 19 de noviembre de 2018

Gutierrez quiere protección a empleados que denuncien a sus superiores

El diputado Livio Gutierrez mediante proyecto de ley Nº 6166/2018 busca regular el resguardo administrativo de los empleados públicos provinciales que asuman la condición de denunciantes en el fuero penal o administrativo en Tribunal de Cuentas o Fiscalía de Investigaciones Administrativas de funcionarios públicos de los cuales dependan jerárquicamente

Con la presente iniciativa pretende resguardar a los agentes públicos que sean denunciantes en el fuero penal de funcionarios de los cuales tienen relación de dependencia laboral. “Es decir, cuando un empleado de la administración pública denuncie penalmente a un superior jerárquico, se verá resguardado por una serie de medidas para su protección” aclaró Gutierrez.

El supuesto parte de la base de que es la ley penal la que exige a todos los funcionarios – entre ellos obviamente a los agentes públicos – a denunciar penalmente ante la sospecha de la existencia de un delito. Atento a la obligación impuesta por la ley, lo lógico es que como contrapartida exista una protección administrativa de los agentes denunciantes, visto que estos, desde el momento que se promueve la denuncia penal de sus superiores, son presa del hostigamiento en su relación laboral.

En este sentido, “debemos tener en cuenta que muchas veces los empleados públicos, por su condición de tal, pueden tener acceso al conocimiento de determinadas circunstancias que en su caso, les permiten advertir hechos que podrían ser materia de ilícitos penales, pero que al no existir los medios legales de protección hacia su persona, no hacen efectivas las denuncias que consideran pertinentes por un fundado temor a represalias” expresó el legislador radical.

Es por todo ello que se propone el traslado del trabajador denunciante de su ámbito laboral. A tales fines se instrumenta la posibilidad de que dichos agentes públicos tramiten ante el Poder Ejecutivo provincial un traslado a otra jurisdicción administrativa en la que no tengan relación de dependencia con el funcionario denunciado.
Fundamentando que la autoridad administrativa requerida tendrá un plazo para resolver resuelva tal solicitud, se podrá interponer la misma directamente ante la Justicia Contencioso Administrativa, sin necesidad del agotamiento de la vía en sede administrativa. Además se establece la responsabilidad civil directa por los daños y perjuicios del funcionario que omite responder en tiempo y forma el pedido del agente denunciante.

“La realidad indica que es de difícil viabilidad que la misma administración sea la que otorga este tipo de traslados especiales por protección, lo que alarga los plazos y, en definitiva, hace muy difícil lograr el objetivo propuesto en el presente proyecto. Es por ello que agregamos a los lineamientos del Código Contencioso Administrativo una posibilidad más de recurrir a la justicia sin necesidad del requisito del agotamiento de la vía” precisó Gutierrez.

Se prevé también que en el caso de que sea el propio Poder Ejecutivo el denunciado en el fuero penal, el traslado sea directamente solicitado ante la Justicia sin necesidad de que el requerimiento se tramite anteriormente en sede administrativa. Es más que obvio que de tramitarse ante la misma autoridad denunciada no prosperaría la solicitud en cuestión, máxime cuando se trata de facultades discrecionales del administrador público.
En cuanto a la vía judicial directa, que se propone cuando se denuncia al Poder Ejecutivo, o el breve plazo administrativo para resolver cuando se trata de funcionarios de jerarquía superior, vencido el cual también se habilita la instancia judicial, sostenemos su conveniencia sobre la base de que la experiencia indica la inoperatividad de las normas que proponen extensos procedimientos administrativos para que sea la misma autoridad la que realice acciones correctivas de su funcionamiento.
Por último, se establece que en caso de falsa denuncia o sobreseimiento del denunciado, el agente denunciante será sometido a sumario y a una quita del 30% de su salario por el término de dos años. Esto se traduce en una medida para evitar todo tipo de denuncias falsas o infundadas que sólo tengan por fin perjudicar a su superior jerárquico o simplemente para materializar un traslado de carácter administrativo.