Repudio a la prisión domiciliaria del Genocida condenado José Bettolli
Los organismos de DDHH integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco repudiamos este nuevo privilegio a un genocida implicado en terrorismo de Estado en la región, en este caso, José Tadeo Bettolli, ex militar condenado en 2010 y 2018 por torturas, detenciones ilegítimas y desapariciones forzadas en la ex Brigada de Investigaciones. Asimismo, Bettolli figura como procesado en juicios en curso por la represión a las Ligas Agrarias.
La resolución del Tribunal Oral Federal de Resistencia lleva la firma de los magistrados Eduardo Belforte y Juan Manuel Iglesias, este último ya concedió un privilegio similar al policía Gabino Manader, otro de los jefes de la represión ilegal, con sendas condenas por crímenes de lesa humanidad. A principios de año el TOF le negó una solicitud en ese sentido, lo cual fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
En esta ocasión, Bettolli reanudó su pedido con el agregado de un informe del equipo médico de la Corte Suprema de Justicia por una supuesta dolencia la cual no puede ser tratada intramuros.
CUADRO GENOCIDA
Bettolli fue denunciado en las causas Caballero I y II como uno de represores encargados de realizar tareas de inteligencia contra Ligas Agrarias y militantes de toda la región, así como una suerte de “enlace” entre los mandos militares y el personal policial que operaba en la ex Brigada de Investigaciones. Uno de los hechos por los que fue condenado es la desaparición de Pedro Morel y Sara Ayala.
Los ex detenidos Juan Eduardo Lenscak, Vicente Canteros, Aníbal Ponti, y Rodolfo Sobcko describieron al ex militar como un cuadro político, muy formado e inteligente, que rara vez manejaba la picana, sino que dirigía los interrogatorios con preguntas precisas sobre el paradero de otros militantes perseguidos, estructura de las organizaciones, estado de la moral y demás cuestiones de interés.
EL PRIVILEGIO: UNA CUESTIÓN POLÍTICA
Como organismos de DDHH podemos constatar las condiciones deplorables de hacinamiento en las cárceles del país, con presos que han llegado a la mayoría de edad, con padecimientos en su salud y en situaciones en las que los propios servicios médicos penitenciarios alegan no contar con recursos como para brindar una asistencia pero que sin embargo permanecen detenidos.
Es por ello que se trata de una cuestión política, en la cual el criterio más benigno se ejerce sólo en beneficio de condenados por crímenes gravísimos; asesinos múltiples, torturadores y violadores, responsables de desapariciones forzadas que se niegan a brindar informaciones sobre el destino final de sus víctimas, o del plan de apropiación y robo de identidades de los hijas e hijas de militantes.
Exigimos el cese de esta doble vara y un tratamiento igualitario en el cual el Estado mejore las condiciones de detención por una cuestión de respeto de las garantías personales de la población carcelaria, así como el cumplimiento efectivo de las condenas a genocidas intramuros, con la asistencia médica necesaria, para no desvirtuar las condenas judiciales que tanto costaron lograr.