Aurelio presentó proyecto en apoyo a la huelga docente
“2018 Año de la Concientización sobre la Violencia de Genero # Ni una Menos”- Ley N° 2750-A
Fecha Ingreso: 9/3/18 N° 534
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO
RESUELVE
1) Solidarizarse con el reclamo salarial y en defensa de la educación pública de los docentes de la Provincia del Chaco, por ser un justo reclamo
2) Solicitar al Poder Ejecutivo arbitre una pronta respuesta, con un aumento salarial acorde a la canasta familiar y el sostenimiento continuo efectivo de las escuelas y de los comedores escolares.
3) Repudiar la amenaza de descuentos de los días de huelga vertida públicamente por la Ministra de Educación, ya que es una decisión política, no legal o reglamentaria, en lesión de un derecho constitucional, logrado por la lucha internacional de los trabajadores, plasmado, en nuestro país, en el Art. 14 bis. 4) Comunicar al Poder ejecutivo. 5) De forma.
Fundamentos La reciente oferta salarial del Gobierno Provincial del 10% al básico, en cuotas, más 300 puntos al adicional por título, deja al salario de gran cantidad de docentes de la provincia, por debajo de la línea de pobreza. Un docente sin antigüedad por un cargo cobrará aproximadamente 13.500 pesos, una suma muy inferior a lo que cuesta sostener una familia.
Este aumento a la baja viene precedido por un aumento a la baja de 7,5% el año pasado, sobre un 25% de inflación de acuerdo a las mediciones oficiales y privadas, es decir el salario docente en el Chaco perdió 17,5% de poder adquisitivo en 2017. Los sindicatos docentes reclamaron que se reconozca esta deuda producto de la desvalorización salarial de 2017, algo que no fue tomado en cuenta por el Ejecutivo Provincial.
Esta política se alinea con la política nacional de Macri, que eliminó la paritaria nacional docente dejando las negociaciones provinciales libradas a su suerte, con el objetivo de desvalorizar el salario, especialmente, de las provincias con menores recursos.
Pero no es solamente la política de Macri: mientras la recaudación impositiva y la coparticipación aumentaron, en la ProvinciA, anualmente más del 30%, los salarios docentes y estatales aumentaron el 7,5 y el 12,5% respectivamente, en tanto el Gobierno sigue diciendo que “no hay fondos” y ejecuta una política que la llama “de austeridad”, eufemismo que en la práctica concreta, en la vida real es “ajuste” en perjuicio de los trabajadores públicos y privados.
La desvalorización del salario docente es un elemento fundamental en la desvalorización de la educación pública. Mientras se sostienen escuelas de gestión social, proyectos especiales al margen de la Ley del Estatuto del Docente y se financia con fondos públicos a la educación privada y religiosa; la educación pública languidece, producto de las políticas de ajuste, golpeando especialmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
La tasa de analfabetismo provincial de acuerdo al último censo 2010 es de las más altas del país, 5%, y a esto se suma el analfabetismo funcional. Con esta realidad, conviven docentes sin cargo, muchos de ellos con título sin poder ingresar al sistema, y una alarmante falta de personal profesional en las escuelas, psicólogos, gabinetes, entre otras necesidades.
A ello se agrega el deterioro en infraestructura que los docentes han denunciado reiteradamente y la incertidumbre sobre los comedores escolares y el boleto estudiantil y docente, que a comienzos del ciclo lectivo 2018 aún no se ha implementado. Con respecto a los comedores, una resolución Ministerial informa que no se debe contraer deuda en marzo, sin explicarse cómo se proveerán las raciones. Se ha recortado también en útiles escolares para las escuelas.
Dichos recortes se suman a los recortes nacionales que afectan programas que funcionaban en las escuelas como Plan de Mejora, CAJ, Conectar Igualdad, etc. Y a esto se agrega la amenaza de eliminar el incentivo docente para el ciclo lectivo 2019. En un cuadro tan grave como éste, la huelga docente reclama una respuesta a los reclamos salariales y educativos, un freno al plan de ajuste y la defensa de la educación pública que debe ser apoyada.
El derecho a huelga, constitucionalmente establecido, no puede ser vulnerado mediante decisiones políticas de descuentos que atacan un reclamo fundamentalmente justo y al cual el Poder Ejecutivo debe dar urgente respuesta, y este Cuerpo Legislativo tiene la obligación social de colaborar con los docentes en lograr esa respuesta. Por lo expuesto, este diputado, en nombre del Partido Obrero, solicita a sus pares, acompañen este proyecto.