Escándalo en audiencia pública chaqueña: nos agreden por denunciar los tarifazos del agua
En el día de ayer se llevó adelante la audiencia pública por el aumento de la tarifa del agua (Sameep). La totalidad de los oradores rechazaron los aumentos, denunciando las malas condiciones del agua en Resistencia y el interior, y refutando la posición de la empresa que pretende que las obras realizadas han llevado agua potable al 90% de la población de la provincia
El directorio presentó una propuesta de suba de entre el 60 y el 70 por ciento, en una tarifa que ya aumentó un 140 por ciento durante el ultimo año. Esto, en una provincia donde los salarios docentes aumentaron un 7,5% y los estatales el 13%.
El aumentazo se prevé para una etapa de sequía aguda, en la cual la mayor parte del interior está sin agua durante gran parte del día y se denunció que el agua que corre por la red en Sáenz Peña es totalmente turbia, no apta para consumo. En la intervención de PO, llevada adelante por Juan García planteamos, como primer punto, la condonación del pago de las facturas a todo el territorio provincial que se encuentra en emergencia hídrica.
Además, criticamos la falta de un estudio de costos que fundamente la nueva tarifa, denunciando que la misma se debe a que el directorio no quiere poner en discusión los gastos de Sameep como caja de financiamiento político paralelo, en particular a través de los contratos con clubes. Retomamos nuestra denuncia del contrato con el Hindú Club, por un millón de pesos anuales, firmado en ambos lados del mostrador por Gustavo Martínez (era a la vez presidente del Club y de la Empresa). Realizamos una enérgica denuncia de las condiciones de seguridad en la empresa. En 2017, seis obreros murieron por la falta de condiciones de seguridad, cuatro de ellos, precarizados.
Las inspecciones posteriores de la Secretaría de Trabajo (en las plantas de La Toma en Barranqueras, 9 de julio y Calle 13 y Edificio Central), producto de la lucha del sindicato Sosch por mejores condiciones de seguridad, arrojan un resultado contundente: la empresa incumple todos los rubros de seguridad laboral que fueron chequeados. Denunciamos que este cuadro de incumplimiento de las normativas laborales y precarización laboral es un factor de riesgo para el proceso de potabilización y por lo tanto, genera un riesgo para agua que se consume.
Denunciamos además la manipulación de los ascensos, que cuestiona la idoneidad del personal directivo. El Jefe de zona de Sáenz Peña ingresó a la empresa en 2014 como contratado de obra. Además, el manejo de los fondos de las cuentas sueldos, que se utilizan irregularmente para el pago a proveedores, en una maniobra ilegal autorizada por la resolución 124/17 del directorio de la empresa.
Sobre esta base, planteamos la transformación de la dirección empresarial sobre la base de la mayoría obrera y la presencia de los usuarios en el directorio, la anulación del tarifazo, una respuesta a las condiciones de seguridad y el fin de la precariedad laboral. Nuestra intervención armó una crisis en la audiencia. La patota de "trabajadores" llevados por la gerencia para defender sus puntos de vista agredió y amenazó a Juan García, verbalmente, y luego a un periodista que intentaba filmar los hechos, golpeándolo en la mano para arrebatarle el celular.
La agresión se frenó por la reacción de los asistentes y por la intervención de la gerencia, que moderó las agresiones para evitar un escandalo mayúsculo.
El recurso a las patotas tiene antecedentes de parte de Sameep. En 2014, nuestro candidato a Gobernador fue golpeado mientras realizaba una pintada en el Barrio Santa Catalina, por una patota dirigida por un puntero de Gustavo Martínez, entonces presidente de Sameep. El Sindicato de Obras Sanitarias, por denunciar las condiciones de seguridad en la empresa, sufrió la agresión de una patota en el edificio central de Las Heras y 9 de julio a fines del año pasado.