Aranda realizó su descargo público ante las acusaciones de estafa inmobiliaria
Con el acompañamiento de su Sindicato, Secretarios Generales que integran CGT y otras entidades intermedias; Graciela Aranda realizó una conferencia de prensa en la sede de CGT, a los fines de clarificar a toda la opinión pública en relación a las publicaciones respecto a una supuesta defraudación.
Durante la misma la dirigente gremial aportó, exhibió y puso a disposición de la prensa, la totalidad de documentales que acreditan la inexistencia de Delito alguno. Además agregó que la misma será aportada ante la Justicia.-
"El compromiso es la gestión ante el instituto de vivienda. Nosotros presentamos el terreno, pero a partir de allí, el instituto es el que tiene que aprobar, para saber si es factible o no construir de acuerdo a la tierra y al lugar del terreno”, señaló Aranda ante los medios y reiteró, “si hay algo de lo que estamos seguros es de la gestión que hicimos”
Puntualizó finalmente, “no es responsabilidad del Sindicato de Empleados Judiciales, construir las viviendas, si gestionar que allí se construya en ese lotecito que adquirieron”.
LA DENUNCIA
Una veintena de personas formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Investigaciones 1 a cargo de Liliana Luppi contra la titular del Sindicato de Judiciales del Chaco, Graciela Aranda, el referente del gremio en esta ciudad Miguel Ramos y el bancario Luis Vargas por presunta estafa, en el marco de una operatoria de la venta de terrenos donde supuestamente se construiría un barrio judicial que fueron ofrecidos y pagados por quienes habrían accedido a ésta.
Según la denuncia a la que tuvo acceso NORTE los pagos se habrían efectuado entre fines de 2014 y fines de 2015 e incluso el último habría sido vendido en el transcurso de este año, cuestión que se habría dado a raíz que algunos postulantes se bajaron de la operatoria, liberando cupos lo que derivó en ventas posteriores pero siempre dentro del marco del convenio, variando la fecha referida al inicio de la obra. Pero, según consta en la denuncia, “jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo”.