Concluyó capacitación sobre atención a la víctima para agentes policiales
Agentes del área metropolitana de la policía del Chaco concluyeron el lunes la capacitación para mejorar la atención a la víctima; en el marco de la segunda etapa del programa denominado “Comunitarias en alerta”, de la subsecretaría de Participación Comunitaria y Género del ministerio de Seguridad provincial, en acuerdo con el Poder Judicial provincial y organización del Centro de Estudios Judiciales del Chaco
Estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Isabel Grillo, el procurador adjunto, Miguel Fonteina y la Defensora General adjunta Gisela Gauna Wirz, el ministro de Seguridad Martín Nievas, junto a la subsecretaria de Participación Comunitaria y Género Cristina Aboitiz, Gabriel Duarte, director del Centro Judicial de Género; comisario Ariel Alejandro Acuña, José Luis González subsecretario de prevención de la lucha contra el narcotráfico.
Acto de cierre Aboitiz realizó una síntesis de lo trabajado en las tres clases que se realizaron en Resistencia; por su parte el ministro Martín Nievas felicitó al Centro de Estudios Judiciales y la buena predisposición de la ministra Grillo y a todas las autoridades presentes que contribuyeron a la realización del curso. “Es un gran paso porque vamos a evitar el mayor dolor que tiene la mujer muchas veces, que es la revictimización”, opinó. Grillo valoró el trabajo conjunto del Poder Judicial con el Ejecutivo y señaló que esa articulación “nos fortalece y fortalece la república y el estado constitucional de Derecho”. “Que no nos duelan tantas violaciones de derechos fundamentales en democracia. Todas las violaciones de DDHH durante la dictadura deben ser parte de nuestra memoria. Y todavía en este punto hay grandes asignaturas pendientes de nuestra parte”, reflexionó.
Delitos contra la integridad sexual La mesa de capacitadores estuvo compuesta por Belén Donato Alemís, Elizabet Gonzalez, Elizabet Narváez y María Argentina Wangher. En primer lugar, Elizabeth Narvaez se refirió a la enorme brecha que existe entre “lo que tiene que ver con las normativas y las legislaciones de estos últimos veinte años y su aplicación efectiva en las instituciones” y la importancia que, en ese sentido, tiene la aplicación de los protocolos. “Hay autores que dicen que las violencias de este tipo se dan porque hay algo que está dado estructuralmente en la sociedad. Por eso la existencia del derecho no supone la aplicación automática de su ejercicio”.
Habló de escalas de victimización e informó que el mayor porcentaje de delito contra la integridad sexual se da en el ámbito de confianza de niños, niñas y adolescentes, “el ámbito donde menos guarnecidos están”. La siguió la pediatra María Wangher, quien insistió respecto de que el uso del protocolo no alcanza para garantizar buenas acciones para con las víctimas.
“La única forma posible de trabajar en esto, en cualquiera de las instancias, es mirar al niño como lo que es, una persona con una realidad biológica, sicológica, social y afectiva. Ubicarse a la altura de los sentimientos del niño (…) El primer paso es ver al niño con esta realidad y extrema dependencia biológica, jurídica y social”, afirmó la médica. “Cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de la exposición al niño a situaciones que no está en condiciones de comprender y por lo tanto no están en condiciones de dar consentimiento”, describió y explicó que la comisaría es uno de los lugares a los que recurre la víctima. “Tenemos que ser claros en saber que el procedimiento es único, interdisciplinario y articulado; y no hay excusa para eso”, afirmó la especialista y expresó: “No puede decirse `Venga mañana señora´”.
En esto hizo especial hincapié: “es inadmisible; no es tolerable que tengamos conductas de este tipo, pero estas cosas suelen pasar”.
“Las intervenciones que se realizan en casos de abuso sexual infantil, los errores, son comunes a las cuatro instancias que estamos hablando: seguridad, Justicia, salud, asistencia social. Se repiten errores. Con diferentes grados de responsabilidad”, señaló, y agregó: “Tenemos que ver cómo hacer para trabajar todos a la vez. Con esas cuatro instancias comprometidas”.
Belen Alemis Donato se ocupó de sintetizar la normativa legal en este tema a partir de lo ocurrido con la condena internacional que recibió la Argentina por el caso LNP. Luego de constatar que el auditorio policial desconocía el tema explicó el caso y que “el hecho ilícito internacional es atribuible a un estado que por acción u omisión cometió un delito”.
“Es el primer caso en que Argentina es condenada en 2011. Argentina es responsable por haber violado las convenciones internacionales”, ilustró. Luego explicó que si bien el código penal argentino cambió el título del capítulo que trata los delitos contra la integridad sexual: antes eran delitos contra la honestidad, ahora son contra la integridad sexual”, aún así se sigue actuando con la vieja idiosincrasia.
También dijo que, en casos de abuso sexual, “No es lo mismo el grado de responsabilidad de la comunidad que la del funcionariado. No tienen chance (de equivocarse) el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. Luego pidió a los agentes policiales que se tomen el tiempo necesario para explicarle sus derechos a la víctima y su posibilidad de constituirse en querellante.
“Es tan clave el momento en que la víctima se encuentra con el estado que en mucho le puede cambiar la vida, para bien. Ahora se le está cambiando para mal”, opinó y destacó las medidas tomadas por la Defensora General, Alicia Alcalá quien resolvió que “cada persona víctima que llega a dependencia de seguridad hay que conectarla en el mismo momento con un funcionario de la defensa”.
Finalmente Elizabet González explicó sobre la obligación de la fuerza policial “de pedir un perito intérprete cuando la víctima es indígena desde la hora cero de la investigación”.