Vuelve Caballero II y el tribunal responderá el pedido de recusación al juez Iglesias
Este viernes se reanudarán los debates en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la Ex Brigada de Investigaciones. En la oportunidad se espera que el tribunal comuniqué su decisión respecto de la continuidad en la causa del juez Juan Manuel Iglesias, recusado por la Secretaría de DDHH en el incidente por la prisión domiciliaria concedida al genocida Gabino Manader.
Luego del cuarto intermedio de la semana pasada, este viernes desde las 9 h en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (TOF) en Irigoyen 33 se reanudará el juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura, denominado causa Caballero II, cuarto juicio en la región sobre la temática. Para la fecha se espera contar con la resolución del tribunal que integran los jueces Eduardo Belforte, Aldo Alurralde y Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (cuarta juez) respecto del la situación de Iglesias, sujeto a recusación en el incidente por la domiciliaria al represor Gabino Manader.
Sucede que desde la Secretaría de DDHH se presentó un pedido de recusación al juez Iglesias en el incidente respecto de la situación de Manader, fundamentado en que el magistrado “ya posee una idea o un concepto por todos conocido, lo que a todas luces viola la garantía constitucional de imparcialidad” según precisa el documento. Además, en el escrito se señala que “Iglesias ya juzgó en un sentido, tiene una postura jurídica respecto de los hechos que se ventilan en la causa, y sabido es que si nuevamente tiene que resolver la misma cuestión, y claramente de ante mano, las partes saben lo que el mismo resolverá, violándose de esa forma la garantía constitucional de imparcialidad”.
En el último día de audiencia en la causa, el viernes pasado, el tribunal informó que no se realizaría la testimonial del testigo de la fecha, y dispuso un cuarto intermedio en los debates para deliberar sobre el pedido recusatorio fundado en el entendimiento de que la medida solicitada contra Iglesias tiene un “efecto expansivo” a todo el proceso. Así las cosas las posibilidades son la continuidad del juez cuestionado, esto es, su sostenimiento por parte del tribunal y la denegación del pedido recusador, o bien su salida del juicio, en cuyo caso se espera sea reemplazado por la cuarta jueza, la dra. Delfina Deogens, de cara a la continuidad del proceso y no a su culminación abrupta, si se decidiera convocar a un nuevo tribunal ante la vacante en el lugar del cuarto juez.
CRÍTICAS POR MANADER
Cabe recordar que el juez Iglesias fue muy criticado por los organismos de DDHH familiares de las víctimas y organizaciones sociales porque concedió la excarcelación a Gabino Manader, (acusado de desapariciones forzadas, torturas y violaciones, y uno de los jefes del grupo de genocidas que actuaron en la Brigada de Investigaciones, ya condenado en el año 2010 a 25 años de prisión por torturas) en virtud de un informe de médicos del servicio de la misma Unidad Penitenciaria, y no tuvo en cuenta el dictamen de Cuerpo Médico de la Corte Suprema de la Nación, que luego de realizar un examen al imputado dictaminó que "la medida privatoria de su libertad en sí misma no debería afectar la evolución de su patología”. Una cuestión que llamó poderosamente la atención fue que Iglesias se acercó personalmente durante la tarde del 2 de febrero hasta la prisión U7 para tramitar el traslado del represor.
SEGUNDA PARTE
El juicio oral Caballero II comenzó el 16 de junio pasado, se juzga a doce represores por los delitos de tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima (militantes de Ligas Agrarias, de PRT, y de la Juventud Universitaria Peronista), privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad. El proceso tiene como antecedente directo el juicio oral de 2010, Caballero I, (llamado así por el represor que encabezaba la nómina de imputados, Humberto Lucío Caballero, fallecido) en el cual se condenó a 25 años de prisión a 10 ex policías y 2 ex militares por torturas y secuestros en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía chaqueña durante el terrorismo de Estado.
Los imputados son Gabino Manader, sub Oficial Mayor de la Policía del Chaco, con prisión domiciliaria a raíz de la polémica autorización del juez de instrucción Juan Manuel Iglesias (integrante del actual tribunal), Francisco Rodríguez Valiente Comisario de la Policía del Chaco, José Marin, Sargento de la Policía del Chaco, Ramón Esteban Meza, Comisario General de la Policía del Chaco, Enzo Breard, Cabo Primero de la Policía del Chaco, Albino Luis Borda, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Jorge Ibarra, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Miguel Pelozo y los militares José Tadeo Luis Bettolli Teniente Coronel del Ejército y Luis Alberto Patetta, teniente primero.
Fueron sumados al juicio el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar, como imputados en el expediente sobre el secuestro y torturas a una joven detenida política en el ex centro clandestino de la Brigada de Investigaciones.