Con la presencia de Patetta, continúan los debates en la causa Caballero II
Luego del cuarto intermedio de casi dos semanas este miércoles desde las 9 se reanudará el juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura, con la presencia del imputado Luis Alberto Patetta, ya condenado en sendos procesos anteriores, y la declaración de un testigo ex detenido político.
Este miércoles en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (TOF) en Irigoyen 33, se reanudarán los debates del proceso judicial vinculado con el juzgamiento por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado denominado causa Caballero II, cuarto juicio en la región sobre la temática. Los hechos que se juzgan fueron perpetrados en la órbita del ex centro clandestino de detención que funcionara en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, en Marcelo T. de Alver 32, en la actualidad sede de la Comisión Provincial por la Memoria (cerrada al público por retraso en las tareas de restauración/ refacción). Para la audiencia de la fecha se espera la declaración el ex detenido político Osvaldo Uferer, y se prevé la ampliación indagatoria del represor Luis Alberto Patetta ex teniente primero del Ejercito, ya condenado a 25 años de prisión por torturas en la ex Brigada y perpetua por su participación en la Masacre de Margarita Belén. La audiencia anterior, la N º 20 del juicio, tuvo lugar el 16 de febrero pasado, en la cual el ex detenido Ricardo Ilde incriminó a varios de los imputados en hechos de secuestros, torturas y violaciones. Respecto de los abusos a detenidas, señaló: “Recuerdo comentarios de varias compañeras sobre violaciones, era una práctica sistemática”. La cuestión reviste importancia capital dado que desde la Fiscalía Federal se requirió la incorporación del aberrante delito como crimen de lesa humanidad.
MANADER La última novedad en la causa fue que el tribunal dio trámite a la nota presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia a principios de mes, para el cese del beneficio de prisión domiciliaria concedida por el juez Iglesias al imputado Gabino Manader. La medida implica que el tribunal, integrado por los magistrados Eduardo Belforte, Aldo Alurralde y Juan Manuel Iglesias (con la doctora Deogens como cuarta juez), deberá correrle vista a las demás partes en el proceso y tratar la cuestión, tarea en la que la jueza deberá suplantar a Iglesias por haber sido quién autorizó la excarcelación de Manader, ya condenado por torturas a 25 años en la Causa Caballero I y sindicado como uno de los “jefes” de la “patota de torturadores” organizada en torno a la ex Brigada de Investigaciones. “De acuerdo al estado de la presente causa (y las acumuladas) y a la obligación constitucional, convencional y legal del Estado argentino de perseguir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y que dicho mandato se cumpla neutralizando cualquier posibilidad de riesgo procesal de evasión, solicitamos se mantenga la prisión preventiva de los imputados (acusados y condenados -en otras causas-) en las correspondientes unidades penales donde se encuentran detenidos. En todos los casos debemos reseñar, que estamos ante delitos cometidos como parte del plan sistemático del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar”, solicita el documento, presentado por el abogado Paulo Pereyra, querellante en la causa en representación de la Secretaría de DD. HH., cuyo titular es el exdetenido político Juan Carlos Goya. Así las cosas, se dan por incorporados al expediente varios temas de importancia que fundamentan por qué debe revocarse el beneficio al represor, entre cuales destaca el pedido de la Fiscalía Federal respecto de que se debe tomar en cuenta el dictamen de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – resolvió que el cuadro de salud de Manader no reviste riesgo alguno de permanecer en prisión - por sobre la opinión de los médicos del Servicio de Asistencia de la U7, integrantes de la fuerza policial, que apoyaron la excarcelación del ex oficial mayor. El Ministerio Público Fiscal también presentó un recurso ante Casación en el que se exponen ese y otros puntos por los que se pide la cárcel efectiva del represor por “riesgo de fuga latente”, posibilidad cierta de entorpecimiento de la investigación y por seguridad de los testigos víctimas, entre otros.
PATETTA A principios de septiembre del año pasado Luis Alberto Patetta, declaró por video conferencia desde el Penal de Campo de Mayo durante casi una hora, en la cual expuso una suerte de alegato en contra de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad sobre la base de una profusa (y por momentos confusa) jurisprudencia. Una defensa técnica más que material, de la que no se salvaron ni los fiscales (“fiscales ilegales” los llamó), ni el juez de instrucción, (planteó su recusación) y en la cual se negó a contestar preguntas sobre los hechos concretos por los que se lo acusa, secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Es de esperar que su ampliación indagatoria de la fecha repita el mismo “modus operandi”.
CABALLERO II El juicio oral comenzó el 16 de junio pasado, se juzga a doce represores por los delitos de tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima (militantes de Ligas Agrarias, de PRT, y de la Juventud Universitaria Peronista), privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad. Además de los ya nombrados Patetta y Manader, (sub Oficial Mayor de la Policía del Chaco), los imputados son José Francisco Rodríguez Valiente Comisario General de la Policía del Chaco, José Marin, Sargento de la Policía del Chaco, Ramón Esteban Meza, Comisario General de la Policía del Chaco, Enzo Breard, Cabo Primero de la Policía del Chaco, Albino Luis Borda, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Jorge Ibarra, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Miguel Pelozo y José Tadeo Luis Bettolli Teniente Coronel del Ejército. Fueron sumados al juicio el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar, como imputados en el expediente sobre el secuestro y torturas a una joven detenida política en el ex centro clandestino de la Brigada de Investigaciones.