Durante su mandato como defensor del Pueblo, Gustavo Corregido había denunciado ante la Justicia graves hechos en los que señalaba que un grupo de cinco empleados lo acusaba de rotura de documentos públicos. Finalmente la fiscal Nº4, Graciela Griffith Barreto, a cargo de la causa, luego de recibir la declaración testimonial de los empleados dispuso el archivo de las actuaciones “por inexistencia de delito” y ahora ha quedado pendiente la investigación sobre presuntas actas labradas por los trabajadores, cuyo contenido sería falso