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Miércoles, 16 de marzo de 2016

Aumento del peaje: Corregido irá a la Justicia para suspender la nueva tarifa

La Defensoría del Pueblo de la provincia promoverá una acción de amparo y una medida cautelar para suspender el aumento de la tarifa de peaje en el tramo chaqueño del Corredor Vial Nº 6, cuya concesión tiene la empresa Caminos del Paraná.

La decisión de accionar por vía judicial, fue informada por el ombudsman, Gustavo Corregido, en la reunión de la que participó en la Cámara de Diputados, junto a diversos sectores afectados por la problemática que genera el nuevo costo en la ruta Nº 16.

Corregido sostiene que los funcionarios responsables de este aumento deben informar con precisiones el motivo del incremento tarifario y dar a conocer los fundamentos que los llevaron a aumentar en forma desmedida el valor que se abona en los peajes de Makallé y del ingreso al Puente General M. Belgrano, que une a Chaco con Corrientes.

“No conocemos la composición de la tarifa, no sabemos a qué están obligadas las empresas concesionarias y la reunión fue desperdiciada por las autoridades vinculadas la decisión de aumentar, porque no brindaron explicaciones”, se lamentó.

El defensor detalló que se pedirá el decreto firmado por la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) basado en la propuesta del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), para conocer los fundamentos. También se solicitará el estudio de costos y plan de inversiones realizadas y pendientes, el pliego de concesión para verificar su vigencia y se requerirá conocer si Caminos del Paraná hizo uso de la cláusula de extensión de la concesión por un año más.

A la convocatoria realizada por la Comisión de Industrias de la Legislatura chaqueña, asistió el jefe de Distrito Chaco como representante de la DNV, Humberto Cardozo; por la empresa concesionaria se presentó el ingeniero Héctor Eiden; también estuvo el administrador general de Vialidad Provincial, Hugo Varela; el subsecretario de Transporte, Roberto Medina; el subsecretario de Comercio, Roberto Lugo y como representante de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, Roberto Sartori.

Los diputados presentes fueron Viviana Damilano Grivarello, Rubén Guillón, Roy Nikisch, Enrique Paredes, Gustavo Corradi, Raúl Acosta, Hugo Domínguez, Lilian Fonseca, Liliana Alonso, Sergio Vallejos, Elda Pértile, Claudia Panzardi, Hugo Sager (pte del Bloque Frente Chaco Merece Más), Ricardo Sánchez, Orlando Charole y Celeste Segovia.
Además, asistieron los intendentes de La Escondida, Francisco Winnik; de La Verde, Raúl Peña; de Lapachito, Juan Mosqueda y concejales de Colonia Popular y La Escondida, todas localidades afectadas por el aumento del costo del peaje.

El Pueblo necesita información

Corregido explicó que el representante del Distrito Chaco de Vialidad Nacional dijo que no participa en la composición de la tarifa y por lo tanto no brindó información. A la vez, criticó que ningún representante del OCCOVI haya asistido a la reunión, siendo este el organismo que determina el análisis de costos según la explicación de Cardozo. “La verdad que desde ese punto de vista es una desilusión porque el Pueblo merece saber de qué se trata este aumento y cuáles son las obligaciones de los concesionarios, esta información debía haberse entregado a los administrados antes de que se la ponga en práctica”, puntualizó.

“Los funcionario no tenemos que olvidar que trabajamos para la gente, sobre todo en cuestiones sensibles que afectan al bolsillo de los ciudadanos”, indicó el defensor. En este sentido, resaltó que “es enorme el grado de indignación que se percibe en los usuarios, principalmente porque nuestra región es la más postergada de todas, por lo que resulta irracional un aumento de esta envergadura, que además afecta el derecho a circular libremente”, remarcó.

Así, el ombudsman manifestó su apoyo a la reunión que se promoverá con legisladores nacionales para el próximo lunes para tratar este tema y dijo que acompañará el pedido de los diputados chaqueños, que incluye entre otros puntos un planteo por la falta de caminos alternativos adecuados y un pedido de inconstitucionalidad de las casillas ubicadas en el puente porque no guardan la distancia mínima con las otras instaladas. Además también se pedirá analizar el caso de las personas que estudian y trabajan que deben cruzar a diario uno de los dos peajes en cuestión.