Ediles denuncian que Ayala gastó $76 millones en el tramo final de la gestión - EsChaco.com - Resistencia

BASADOS EN UN INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Martes, 5 de enero de 2016

Ediles denuncian que Ayala gastó $76 millones en el tramo final de la gestión

En la última semana del anterior período los documentos muestran un 13% de incremento de la deuda pública y contrataciones directas sin licitación previa, entre otros. Los concejales del PJ analizan recurrir a la Justicia.

Gastos que incrementaron la deuda municipal en un 13%, cheques irregulares y contrataciones directas sin licitación previa son algunas de las «falencias» que detectó el Tribunal de Cuentas del Chaco (TC) al analizar los últimos días de la gestión de Aída Ayala como intendenta de Resistencia.

Los detalles del informe del TC -que se conoció ayer- fueron expuestos por concejales del Frente Chaco Merece Más (FCMM), quienes evalúan recurrir a la Justicia ante la cantidad de «inconsistencias» encontradas entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015.

Las irregularidades -todas contenidas en el informe del órgano de contralor estatal- ya fueron elevadas al intendente Jorge Capitanich y se espera que cuando retome funciones esta semana se expida al respecto.
Según reveló el TC, antes del 30 de noviembre pasado la Municipalidad de Resistencia poseía una deuda de $613 millones en tanto que el 9 de diciembre -es decir, un día antes de que se haga cargo la nueva gestión- el pasivo pasó a ser de $689 millones: $76 millones más.

Además del incremento en la deuda pública de la comuna, también se detectó una serie de contrataciones irregulares e incluso se libraron cheques que no cumplirían con los procedimientos administrativos requeridos, todo según lo denunciado ayer por los ediles del PJ.
Paralelamente a estos desfasajes expuestos por el Tribunal de Cuentas, se confirmó que la gestión Ayala «dejó el municipio con $7.464 en caja sin completar el pago de sueldos de noviembre a los trabajadores».

Ayer, en conferencia de prensa, el presidente del bloque de concejales del FCMM, Juan Manuel Chapo, aseguró que el informe del TC aborda conclusiones que revisten de un carácter de «suma gravedad».
«En algunas de estas contrataciones, sus disposiciones han violado la Ley de Obras Públicas y los decretos reglamentarios que establecen los valores para los cuales debe llamarse a concurso de precios», dijo el edil aliado a Capitanich.

El informe elaborado por el órgano de contralor está contenido en más de quince fojas que fueron presentadas ayer por los concejales oficialistas.
Entre las irregularidades detectadas sobresalen dos disposiciones de la Secretaría de Economía (a cargo en ese entonces de Alejandro Abraam) por un valor de $6 millones para el arreglo de calles y provisión de ripio. Pero más allá de que el dinero salió de la caja municipal en las últimas jornadas de Ayala como intendenta, una inspección del Tribunal confirmó que los millonarios trabajos eran «de vieja data» y que los vecinos del lugar indicaron que «hacía meses que por sus calles no pasó máquina alguna».

«No sólo se violó la ley en las contrataciones, sino que habría otras irregularidades que serán determinadas por el Tribunal de Cuentas en una primera instancia, y luego en ámbito judicial», sostuvo Chapo.
El titular del bloque del FCMM también resaltó que «algunas resoluciones emanadas de la anterior gestión comunal estaban duplicadas en su numeración, otras directamente carecían de numeración y además tenían una serie de inconsistencias e irregularidades que seguramente serán analizadas por el Tribunal».

«Nosotros pretendemos poner a disposición de los vecinos toda esta información, sin emitir juicio de valor. Queremos que exista absoluta transparencia en esta cuestión porque nosotros vamos a desarrollar una transparente gestión municipal y ya hemos dado muestras de ello, con la aprobación del Boletín Municipal», dijo Chapo, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por sus pares María Cecilia Baroni, Rodrigo Ocampo y Alicia Frías.

«Nos hemos encontrado con disposiciones que no tenían firma del secretario de Economía (Abraam) o del secretario de Obras Públicas (Nicolás Diez). También había algunos cheques que fueron librados los días 9 y 10 de diciembre del año pasado», agregó el edil al seguir enumerando algunas «situaciones sumamente graves», según su propia definición..

Finalmente, desde el bloque oficialista aseguraron que con todas estas «inconsistencias» y «falencias financieras por parte de la gestión que se fue queda más que justificada la emergencia económica solicitada por Capitanich y luego aprobada por el Concejo».

¿Cheques sin firma?

En la conferencia de prensa de ayer, el camportista Rodrigo Ocampo hizo especial mención al tema de los cheques emitidos por la anterior gestión municipal sobre la finalización de su mandato. El concejal citó tres casos de cheques emitidos que revisten algún tipo de irregularidad, uno de ellos sin la firma del secretario de Economía (Abraam), que tiene un monto de $14.422,50.

Existe otro caso en que falta la firma de la Tesorería por una cifra de $29.421 y un tercero que no cuenta con el aval de Tesorería ni el Departamento Contable. «Estos casos son cheques emitidos sin el procedimiento administrativo necesario, que avala por un lado la emisión del cheque y por el otro el cobro de este», denunció Ocampo. «Este desorden administrativo incide fuertemente en lo que denominamos la emergencia institucional y financiera del municipio de Resistencia», señaló y agregó que se espera que la investigación avance y llegue al ámbito judicial.

Baroni, en tanto, mencionó que «de no justificarse varias de estas conductas derivadas de esta auditoría de corte podrían constituir delitos como el de mal desempeño de funcionario público, malversación de fondos, administración fraudulenta».

Una herencia de 57 mil juicios

La concejala Cecilia Baroni reveló otro de los puntos del informe, vinculado a la auditoria jurídica, sobre el cual aseguró que la Municipalidad tiene más de 57 mil juicios, de los cuales sólo una parte mínima fue llevada adelante por abogados comunales mientras que el resto es patrocinado por letrados externos. «Del informe que llevó adelante la auditora surge claramente el estado en que se encuentran estos expedientes, la mayoría en estado de caducidad por falta de control de los abogados externos y los informes que los mismos deben presentar a la Secretaría de Legal y Técnica del municipio», explicó.

Baroni indicó también que la Intendencia es demandada en más de 5 mil causas, en su mayoría juicios laborales de sus propios empleados. «Esto podría, con una buena gestión, solucionarse administrativamente, pero cuando salían estas sentencias judiciales tampoco eran acatadas dando lugar a nuevos juicios de responsabilidad y a nuevas erogaciones de honorarios de profesionales por las ejecuciones. Se forma un circuito no virtuoso que generan daños económicos a la Municipalidad», dijo.