El Chaco merece otro trato en el reparto de de fondos coparticipables
Tres fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han declarado
inconstitucional la reducción de la coparticipación federal de impuestos, en
un 15 %, de la masa coparticipable con destino a la ANSES sin autorización
del Congreso Nacional
Al ordenar devolver recursos coparticipables a las provincias de Córdoba,
Santa Fe y San Luis, el más alto Tribunal ha pedido también el dictado de
un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos tal como lo
ordena el texto constitucional sancionado con la reforma de 1994.
Los casos puntuales que ordenan devolver el dinero que retiene el Poder
Ejecutivo de los fondos coparticipables - sin autorización legal desde el año
2006-, vienen a reparar una injusta situación por la que venimos
reclamando durante muchos años, abriendo ahora una instancia de
negociación en la relación Nación-Provincias que puede alentar decisiones
de conjunto encaminadas a reconstruir el federalismo fiscal en nuestro país.
Luego de mantener relegadas a las provincias durante tantos años,
desconociendo lo que legítimamente les corresponde, el gobierno nacional
ha dispuesto súbitamente extender los alcances de lo resuelto
judicialmente mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que
aparenta colocar a todas las jurisdicciones en una misma situación, pero
introduce una notoria desigualdad con las provincias como el Chaco que no
transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, siguieron afrontando el pago
de los haberes a sus jubilados, y sufrieron igualmente la detracción de la
recaudación coparticipable en un 15 % con destino a la ANSES durante la
última década.
Para tener una idea del perjuicio sufrido con la merma de los ingresos que
les pertenecen a las provincias y les retuvo la Nación, basta considerar que
el Poder Ejecutivo ha estimado en los considerandos de su DNU N°
2635/15, dictado el último 30 de Noviembre, que la percepción del 15 %
de la masa de recursos coparticipables por parte de la ANSES proyectada
para el año 2015 asciende a la suma de $98.182 millones.
Luego de lo resuelto por la Corte Suprema, ese DNU del Poder Ejecutivo ha
ordenado cesar de inmediato la detracción del 15 % de la masa de
impuestos pactada en el acuerdo de con los gobiernos provinciales en 1992
con destino al financiamiento del sistema nacional de la seguridad social.
Pero lo hizo de una manera abiertamente inconstitucional, dando un paso
más en la construcción deliberada de irregularidades que hilvana con sus
decisiones y contradiciendo el espíritu de negociación con el cual la Corte
Suprema de Justicia validó las causas que llevaban adelante desde hace
años Santa Fe, Córdoba y San Luis que abre un lapso para acordar entre
estas jurisdicciones y la Nación la forma de cancelación de las deudas
acumuladas por la retención indebida del 15 % desde el año 2006 a la
fecha.
Por cierto la Corte Suprema contempla con sus fallos trazar un camino
gradual para resolver el reclamo de la provincias sin desfinanciar la
seguridad social,pero al mismo tiempo señala la necesidad de ordenar y
regularizar la relación fiscal con el Estado nacional cuyo fin último es dar
cumplimiento a la demorada sanción de la Ley de Coparticipación Federal
que manda la Constitución Nacional reformada en 1994.
Esa Ley constituye aún una asignatura pendiente de la República para
establecer criterios objetivos de reparto y una distribución equitativa y
solidaria para lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e
igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
Debemos poner todo nuestro esfuerzo para trabajar en ese sentido en lugar
de priorizar objetivos políticos que buscan entorpecer la gestión del nuevo
gobierno nacional y entender que la Corte Suprema ha querido provocar
una negociación que pueda fecundar en acuerdos de largo plazo y que
sirvan al propósito de consolidar un verdadero federalismo fiscal en nuestro
país.
En ese marco de acuerdos, el Chaco puede recuperar terreno y alcanzar
otro trato en el reparto de los recursos fiscales poniendo fin al modelo de
unitarismo y sumisión fiscal que ha venido exigiendo a las provincias
convertirse en súbditas del poder central para recibir recursos.
(*) Presidente Bloque Senadores Nacionales UCR – Presidente