Analizaron trato adecuado y acceso a la justicia de personas con discapacidad - EsChaco.com - Resistencia

STJ

Viernes, 4 de diciembre de 2015

Analizaron trato adecuado y acceso a la justicia de personas con discapacidad

En el Centro de Estudios Judiciales comenzó a dictarse el taller relativo a derecho a un trato adecuado y acceso a la justicia de las personas con discapacidad

El mismo está a cargo de María Rosario Augé (replicadora del taller Eurosocial y secretaria coordinadora del CEJ), Pablo Maciel (responsable de la Oficina de Recursos Humanos del Poder Judicial) y Analía Espinoza (empleada de la Mesa de Atención a la Víctima del fuero de familia). En tanto que orge Canteros, procurador general y director del CEJ, participó de la apertura.

Por la tarde se desarrollaron las conferencias y trabajos prácticos a cargo de los responsables del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS) del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, Mabel Remón y Mariano Godachevic.

Objetivos y características
La capacitación tuvo como objetivo mejorar el acceso a justicia de las personas con discapacidad, procurando eliminar las barreras actitudinales que afectan a este grupo.

Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro del programa EUROSOCIAL II, el cual pretende contribuir a aumentar la cohesión social en América Latina, apoyando aquellas políticas públicas nacionales que estén dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social y a fortalecer las instituciones que la llevan a cabo.

Esta iniciativa fue posible gracias al compromiso de tres instituciones de trascendencia en el sector de la justicia de Argentina: el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de ADAJUS y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo específico de esta iniciativa es promover el efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad, mediante la toma de conciencia por parte de los operadores del sistema sobre las barreras socioculturales que obstaculizan la participación directa e indirecta de aquellas en los procedimientos judiciales y sobre la necesidad de adoptar medidas para su superación siguiendo las directrices establecidas por la CDPD y las Reglas de Brasilia.