Antenas: El municipio de Sáenz Peña sigue sin presentar informes - EsChaco.com - Resistencia

Incumple ordenanzas sobre las instalaciones

Jueves, 8 de octubre de 2015

Antenas: El municipio de Sáenz Peña sigue sin presentar informes

Ayer se llevó a cabo una nueva reunión entre funcionarios municipales y la Defensoría del Pueblo, en la que también participaron estudiantes universitarios y vecinos de la ciudad de Sáenz Peña que mantienen hace años el reclamo por la instalación de antenas de telefonía móvil en la ciudad, debido a los posibles peligros que pueden afectar a la salud de la población.

En esta oportunidad se esperaba la entrega de los informes solicitados hace un año sobre la incidencia de la instalación de antenas pero la respuesta fue negativa.

En el encuentro, que encabezó el delegado en Chaco de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mauro Echezarreta, donde los funcionarios saenzpeñenses debían dar a conocer información detallada sobre cuántos equipos hay instalados, la potencia con la que trabajan y si existe un estudio ambiental por cada uno de ellos, además de la postura respecto a la opción de retirarlas de la zona urbana de la ciudad, estuvieron presentes el secretario de Gobierno municipal, Javier Polentarruti y el asesor del Concejo de esa localidad, Julio García, quienes indicaron que aún no cuentan con el detalle solicitados más de 12 meses atrás.

“Hace más de 10 años que la actividad de los actuales funcionarios municipales no refleja el mandamiento de las ordenanzas”, indicó el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, al cuestionar la falta de respuestas del Ejecutivo municipal que había prometido en agosto de este año contestar el informe solicitado por la Defensoría el 10 de septiembre del 2014.

En el mismo se requiere conocer si la instalación de antenas de telefonía móvil se encuentran reguladas por la normativa municipal, como así también si existe un estudio de impacto ambiental, el cual se transformó en un requisito de carácter constitucional que no puede omitirse luego de la reforma constitucional de 1994. A la vez también se solicitó saber si se exigió a las empresas la presentación de una póliza de seguros con cobertura de todo tipo de daños que puedan causar a las personas o bienes por el uso y se pidió conocer si se analizó tipo, clase, utilidad, alcance y funcionalidad de los equipos.

Información negada y ordenanzas no respetadas

Ante este caso, Corregido recordó que tanto el Ejecutivo municipal como las empresas, están violando ordenanzas dictadas por el Concejo local en 2003, 2004 y 2006, donde se establecía entre otras cosas que el municipio tenía a su cargo la realización de gestiones para que se reubiquen las antenas a través de la ordenanza N° 4235 del 21 de marzo de 2003, cuya autora fue la concejal Elda Tacchino del bloque de la Alianza.

A la vez en la ordenanza N° 4765 del 19 de noviembre de 2004 se prohibía la instalación de estas antenas de telefonía celular dentro de las cuatro avenidas que delimitan el área central de la ciudad y fuera de ellas en las zonas densamente pobladas, dejando a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos la determinación del lugar donde ubicarlas y además se exigía a las empresas remitir al municipio informes trimestrales sobre las mediciones de campo de radiofrecuencia , según el texto que elaboró la concejal radical Elba Altamiranda y que aprobó el Concejo termal.

Por otro lado, en la ordenanza N° 5773 del concejal de la Alianza Oscar Scanferlato aprobada el 26 de diciembre de 2006, también se resolvió prohibir el aumento en la cantidad de elementos radiantes en las antenas instaladas en zona urbana y en la potencia de los equipos transmisores, además de establecer que la Secretaría de Obras y Servicios realice un relevamiento con registro fotográfico sobre la cuestión y finalmente se determinó que se intime a los infractores al retiro inmediato de los elementos agregados, quedando a cargo de las sanciones el Juzgado de Faltas municipal que podría aplicar multas en efectivo o la clausura de las instalaciones.

“Presentamos un habeas data debido a que los funcionarios municipales han omitido responder el informe solicitado que fue notificado personalmente al secretario general a cargo del municipio en agosto de este año. Es necesario aclarar que la información requerida reviste carácter público y la Municipalidad debe garantizar ese derecho como así también responder a los pedidos cursados por un órgano de control constitucional de carácter externo, como lo es el Instituto del Defensor del Pueblo. Por eso esperamos que a través de un juez podamos obtener la información necesaria para avanzar en esta cuestión y poder resguardar así la salud de la población, sentando un precedente necesario en todo el país en defensa del ambiente y la salud de los ciudadanos y finalmente hacer cumplir en Sáenz Peña las ordenanzas que ellos mismos dictaron”, concluyó Corregido.