Tucumán enseña: defender la soberanía popular y la pureza del sufragio
En el día de hoy se reunió la mesa ampliada de la Convención Nacional de la UCR en la sede del Comité Nacional y emitió el siguiente documento:
El próximo 25 de octubre todos los argentinos concurriremos a las urnas a elegir diputados nacionales y Presidente de la Nación. Algunos elegirán también senadores nacionales y autoridades provinciales
Esta es una elección crucial para la vigencia del régimen democrático en nuestro país. En ella se enfrentan dos concepciones absolutamente distintas sobre el valor de la libertad individual y los derechos, es decir de la ciudadanía.
Para el Frente para la Victoria - que gobierna y aspira a seguir haciéndolo- las libertades personales y los derechos civiles, sociales y políticos se deben subordinar a las necesidades del “proyecto” y de quienes lo encarnan.
Esta visión ideológica que relativiza el valor de la vida, la libertad y los derechos, coloca la fuerza del estado al servicio de la acción política de los funcionarios que sirven a esas ideas.
No hay para ellos límites en el uso del estado. Lo ha demostrado la actual presidente desde que asumiera su segundo mandato. Ha apelado a todas las formas para modificar los límites que el estado de derecho le impone al gobierno y al propio estado.
Estos últimos cuatro años el Frente para la Victoria incrementó el proceso de desmantelamiento de las instituciones que informan a la sociedad sobre su situación, y que controlan al gobierno para que no se exceda en sus competencias.
Los inicios del fin del federalismo y el engaño a la población, -definido como elemento central de su política propagandística- fueron llevados adelante desde el comienzo mismo de la gestión presidencial iniciada el 2003.
Por un lado, la prórroga de la emergencia económica sometió a las provincias y al Congreso al uso discrecional y arbitrario de los fondos públicos. Por otro, la intervención del INDEC terminó con toda posibilidad de conocer no sólo cuantos éramos sino en qué situación vivíamos. La mentira hecha relato sirve para ocultar la desigualdad y la pobreza estructural que paradojicamente se consolido en estos años en que el estado tuvo enorme disponibilidad de recursos.
A partir de la cooptación de las instituciones de control y de diferentes reformas legislativas se terminó de consumar la obra, dando lugar a un gobierno poderoso que fue afectando la vitalidad de las instituciones del gobierno republicano.
Así, con sus mayorías legislativas terminaron con el control parlamentario y avanzaron sobre el poder judicial en la búsqueda de su dominio. Poder hegemónico e impunidad para sus funcionarios corruptos han sido los fines perseguidos por el FPV en el orden judicial.
Las elecciones de La Rioja y Tucumán han desnudado lo que a muchos les faltaba ver lo que, desde hace muchos años, los radicales venimos denunciado: la existencia de regímenes electorales fraudulentos destinados a mantener la hegemonía política de los gobernantes del Frente para la Victoria.
La muerte del joven Ariel Velazques en Jujuy mostró a modo de tragedia la existencia de una organización paraestatal, que ejerce la violencia como practica política. El radicalismo ha sido y es en esas provincias el garante de la lucha por la igualdad, la soberanía popular y el estado de derecho.
No hay en muchos territorios provinciales plena libertad de expresión ni de asociación. Esos gobiernos controlan los medios de comunicación y deciden lo que los ciudadanos pueden saber. Asociarse a un partido contrario al gobierno implica la pérdida del empleo público y, en algunos casos, hasta se pone en riesgo la propiedad privada y los derechos básicos.
A ello hay que sumarle el uso arbitrario de los dineros públicos para castigar a las poblaciones de los lugares donde ganan los opositores, y condicionar voluntades a través de incentivos o de castigos económicos aprovechándose de la pobreza estructural. Los sistemas electorales hacen el resto para evitar el triunfo de los opositores: leyes de lemas, colectoras, y técnicas electorales que con diversos artilugios otorgan más escaños a los territorios donde ganan los oficialismos y menos a donde ganan los opositores.
Donde la oposición no tiene voz y donde hay sistemas electorales amañados que evitan la competencia igualitaria, no hay efectivo régimen democrático.
A este escenario debemos agregarle la penetración del narcotráfico a través de redes que involucran a funcionarios públicos provinciales, municipales y nacionales del oficialismo nacional. Esta novedad hace que la competencia de octubre exceda a la lucha política. También se disputa en esta elección el alcance de la autoridad del estado . Las redes de trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas quieren la continuidad del gobierno a fin de consolidar dominios territoriales, evitar la persecución de esos delitos y verse favorecidos en el lavado de dinero.
La reacción cívica del pueblo tucumano, agotado de tanta manipulación y de la corrupción de sus gobernantes ha desnudado el problema que deberemos confrontar en octubre: el continuismo del Frente para la Victoria. Ellos buscaran construir mayoría a cualquier costo para imponer su relato único y quedarse en el poder. Valga como ejemplo su reacción frente a la anulación de las elecciones tucumanas.
Enfrente a ellos estamos quienes creemos que las sociedades son plurales; que la democracia es –esencialmente- el producto de las diferencias, que hay que cumplir con la constitución y que el resultado invariable de la unanimidad es el autoritarismo.
En octubre nos encontraremos a una maquinaria estatal corrupta dispuesta a ganar a toda costa. Es por ello que convocamos al pueblo de la república a que se comprometa a controlar y fiscalizar todas las etapas del proceso electoral.
El debilitamiento de los partidos políticos ha sido uno de los objetivos del Frente para la Victoria desde el 25 de mayo de 2003. Tenían que terminar con la oposición para apropiarse del estado. Recurrieron a la transversalidad para cooptar a dirigentes de los partidos y de las organizaciones sociales en la búsqueda de la consolidación de su hegemonía institucional.
La tarea de la reconstrucción republicana nos involucra a todos: trabajadores, estudiantes, profesionales, empresarios, periodistas, intelectuales, ciudadanos de todas los orígenes y condiciones.
Necesitamos construir en este mes una gran fuerza fiscalizadora que evite la sujeción de los más necesitados e impida el fraude electoral.
Convocamos a todos los ciudadanos argentinos a dar la lucha por la recuperación de los derechos electorales, condición primera para el ejercicio verdadero de la SOBERANIA POPULAR.
Desde la Unión Cívica Radical, que integra la coalición Cambiemos, queremos recuperar el gobierno para el pueblo y volver al sentido republicano de nuestra Constitución Nacional.