El mutismo del STJ y la falta de diálogo, marcan un cuadro silencioso que asusta
En el marco del terrible conflicto que aqueja a la Justicia Chaqueña el cual tiene desde hace más de tres meses el servicio de justicia paralizado por un conflicto salarial sin precedentes en la historia de la provincia, el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia volvió a “pedir dialogo, ya que el cuadro de mutismo sobre el tema asusta y preocupa” señala un comunicado enviado a medios.
De esta manera la entidad que nuclea a los abogados se refirió al conflicto que mantiene en jaque las expectativas de obtener justicia por parte de miles de ciudadanos que ven sus asuntos irresueltos, sin solución de continuidad.
Preocupante cuadro
“Es opinión del Colegio de Abogados de Resistencia, que el diálogo no conforma una prioridad, ni es un camino deseado por el Superior Tribunal de Justicia, y pese a nuestros reiterados pedidos de conformación de una mesa de trabajo en aras de solucionar la crítica situación de los tribunales provinciales, hoy sumidos en el caos, estamos en presencia de una severa crisis institucional” precisa la misiva enviada a medios, precisando además que “,la falta de justicia compromete la paz social, y cualquier intento de minimización de este conflicto, es desconocer una de las más esenciales misiones de quienes se desempeñan en la administración de Justicia, sea como profesionales particulares, funcionarios, magistrados o empleados judiciales” decribe la gacetilla enviada medios.
Desde el Colegio de Abogados se refleja que “solo el diálogo franco y el trabajo conjunto podrán destrabar la delicada situación en la que se está en el día de hoy, con tribunales que registran atrasos de meses en sus despachos”; especificando el comunicado que “a esa mesa deben sentarse todos los sectores involucrados, todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los representantes sindicales de los empleados, la asociación de magistrados y funcionarios y todos los Colegios de Abogados de la provincia, cabiéndoles a estos últimos la doble representación de sus asociados, los abogados que ejercen la profesión y que como usuarios del sistema son quienes ponen en movimiento las instancias judiciales y la de los justiciables, que son sus clientes, cuestiones estas últimas muchas veces soslayadas, y que han hecho durante mucho tiempo que los abogados queden fuera de estas discusiones que tanto le interesan” enfatiza el texto
Aclara además que “si bien es cierto que muchos de los trabajadores del poder judicial tienen un muy importante atraso salarial, mes a mes cobran un sueldo que aunque no esté a la altura de las necesidades les sirve para seguir adelante, cuando la mayoría de los abogados no llega a cubrir sus mínimas necesidades con su ingreso mensual, incluso sin alcanzar a percibir el equivalente a un salario mínimo, cuestión que se ve agravada por el hecho de que al no avanzar las causas judiciales en trámite no se perciben honorarios y además se debe “poner la cara” ante los clientes que nos reclaman por la falta de resultados, debido a los paros. Dejaremos para otra ocasión la mora que se registra en los tiempos en los que no hay paros, con procesos que se van modificando a espaldas de los abogados, tan o más capacitados que la mayoría de los funcionarios que se arrogan el derecho a modificarlos”.
Señala la gacetilla “si nos llama la atención que se convoque a una sola de las instituciones que representan a los abogados, justamente a la que tuvo mucho poder y fue complaciente con los poderes de turno, colaborando activamente para construir el actual sistema, que salta a la vista de la ciudadanía que no funciona. Dando la espalda a las instituciones que representan a la gran mayoría de los abogados de toda la provincia, lo que solo puede interpretarse como un acto de discriminación, en ese marco, nos encontramos ante un STJ que se erige en una suerte de “supremo tribunal constitucional” dictando resoluciones administrativas que pretenden declarar la “inaplicabilidad” de cláusulas contenidas en leyes sancionadas por unanimidad por la Cámara de Diputados de la Provincia, lo que nos habla a las claras de la calidad institucional que se puede verificar en el máximo órgano judicial de la provincia, con el solo objetivo de escapar al lógico control de los fondos que esta norma le otorga a los Colegios de Abogados. Negándose en forma sistemática al dialogo abierto, sincero, llano, en un plano de igualdad y de respeto mutuo. Sin necesidad de pomposas notas, interminables protocolos que muchas veces solo buscan discriminar, solo con la franca vocación de sentarse a dialogar para poder construir un futuro mejor”.
“Y, siendo que uno de los más esenciales valores republicanos, la administración de justicia por un órgano de gobierno independiente, se ve hoy absolutamente paralizado es con mucha tristeza y preocupación que ante la inacción de los máximos responsables del Poder Judicial chaqueño, notamos que las prioridades del Alto Cuerpo parecen ser otras, lejanas a arribar a una solución viable para magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial, sin mencionar a nuestros propios asociados cuya única fuente de ingresos es la representación profesional de los intereses de sus clientes, los miles de chaqueños que esperan certeza acerca de derechos, que no es otra cosa que la tan anhelada Justicia”.
En otro tramo el comunicado recuerda que “este Colegio de Abogados, siempre ha reconocido la excelencia de las instituciones chaqueñas, que a veces en soledad han trabajado como únicos ejemplos de sí mismas en el país, y es justamente la Institucionalidad lo que hoy se halla en riesgo privándose de la paz social mediante la paralización del servicio público de justicia a los hombre mujeres y niños que hoy dependen de su pronunciamiento y no pueden lograrlo”.
Buscar un camino
Señala finalmente la noticia enviada a los medios de prensa que “la presencia del derecho en una sociedad es uno de sus máximos signos materiales del avance de estas, y hoy está en manos de sus operadores buscar el camino único del diálogo como forma de superación de los conflictos, siendo para ello imperiosa la conformación de una mesa de trabajo con una agenda avocada a la resolución de la crisis judicial en la que estamos inmersos” concluye.
Miguel Aranda Presidente Colegio de Abogados de Resistencia