La muerte del fiscal Nisman marca un grave retroceso en la historia democrática de nuestro país
El Senador Nacional Angel Rozas presentó un Proyecto de Declaración expresando su profundo pesar por la trágica muerte del Fiscal Federal Alberto Nisman y adhiriendo al reclamo de verdad y justicia que exige una atención prioritaria del Estado nacional, particularmente del Poder Judicial de la Nación actuando con la más absoluta independencia e imparcialidad hasta lograr el pleno esclarecimiento de este doloroso suceso que conmueve a la sociedad y ensombrece las instituciones de la República
La iniciativa también rechaza todo intento de degradación de las funciones indelegables del Estado y cualquier forma de indefensión o sometimiento de la Justicia y de los agentes y servidores públicos por la violencia política, reafirmando la defensa irrestricta de los derechos y garantías constitucionales, propios de la legitimidad democrática.
Consultado al respecto Rozas expresó que “Una gran mayoría de la sociedad argentina se ha conmovido con la muerte del Fiscal Federal Alberto Nisman, funcionario responsable de la investigación del mayor atentado terrorista de la historia argentina contra la sede de la AMIA en nuestro país, que arrojó 85 víctimas fatales y fue una de las mayores tragedias para la colectividad judía en el mundo desde el Holocausto, por lo tanto no podemos permanecer indiferentes ante una pérdida tan significativa que no sólo cobró la vida de un profesional de reconocida trayectoria en la función pública sino que ha golpeado fuertemente nuestra institucionalidad democrática sembrando un fuerte estremecimiento y sensación de miedo e indefensión ciudadana ante el temor de un retorno a la violencia política en nuestro país”.
“Nadie puede negar el significado de esta terrible y enigmática muerte que ha desnudado falencias muy básicas de la función estatal –indicó Rozas- en especial de la seguridad que debía rodear al funcionario en las vísperas de que defendiera su grave acusación ante el Congreso Nacional sobre un presunto plan de encubrimiento para los imputados del atentado terrorista a la sede de la AMIA”.
Rozas remarcó que “El caso ha puesto de relieve una inexcusable responsabilidad del gobierno -no político partidaria sino en función estatal-, que exhibe un poder inconsistente, sin certezas ni pruebas y con una evidente dosis de impericia e ingenuidad, todo lo cual ha magnificado la sospecha de una recurrencia a la violencia en la política nacional”.
Finalmente señaló que “Es inadmisible que este grave retroceso de nuestra historia democrática quede impune, es por eso que me sumo al reclamo de verdad y justicia que demanda una atención prioritaria desde las instituciones de la República y un fuerte compromiso con la protección y defensa de los derechos y garantías constitucionales propias de la vida en democracia”.