Tarifa Chaco-Corrientes: Corregido pide resolución a la apelación sobre inconstitucionalidad del aumento
El defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido presentó a la Cámara Federal de Apelaciones un pedido para que resuelva el planteo realizado por la inconstitucionalidad del aumento de la tarifa de colectivo del transporte Chaco-Corrientes.
En el escrito sostienen que “solicito se resuelva en con carácter de urgencia, el recurso de apelación interpuesto, que tiene por objeto declarar la inconstitucionalidad del instrumento legal que ordeno el aumento de la tarifa de transporte interprovincial Chaco-Corrientes, en razón de no haber cumplimentado con el requisito insalvable de realizar la audiencia pública en forma previa a ordenar los aumentos, todo lo cual se halla previsto por el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional”.
Asimismo recordó que todos los pasos dados ante la justicia federal y porque este pedido urgente a la Cámara dando cuenta que “considerando el excesivo tiempo transcurrido desde el 09 de Septiembre de 2013, momento de promoción de amparo y medida cautelar, y en particular el excesivo tiempo transcurrido para que el tribunal de primera instancia eleve a Cámara el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 04 de Julio de 2014”. “El recurso de apelación fue interpuesto en tiempo y forma en fecha 6 de agosto de 2014, y luego de haber urgido en tres oportunidades –3 de septiembre; en Cámara Federal se solicitó intervenga con facultades disciplinarias; el día 22 octubre se reitera urgimiento en Juzgado 1° Instancia, y por ultimo ante esta Honorable Cámara el día 18 de noviembre, fue elevado en fecha 11 de noviembre es decir, cuatro meses después de realizado el planteo por esta parte”. Por esta razón Corregido sostiene que “teniendo en cuenta que el transporte público de pasajeros es un servicio público considerado esencial, sobre todo pasajeros que utilizan diariamente el transporte público como única alternativa de movilidad; se trata de un servicio imprescindible para la vida cotidiana de ciudadanos, trabajadores, estudiantes, lo cual obliga a los organismos del estado a extremar las medidas tendientes a garantizar la prestación de este servicio en condiciones óptimas, como así también, dar cumplimiento acabado a los preceptos legales, avalando los procesos de prestación de servicios públicos, concesión de estos, y sobre todo en lo concerniente a modificación de cuadros tarifarios”.