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Corregido pidió intervención de la Cámara Federal de Apelaciones
Miércoles, 28 de mayo de 2014
Acción contra el aumento del boleto interprovincial lleva más de ocho meses de demora en juzgado de Skidelsky
La demora del Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Carlos Skidelsky, en resolver un amparo y medida cautelar presentado por la Defensoría del Pueblo del Chaco para que se declare inconstitucional el incremento de la tarifa interprovincial Chaco-Corrientes, llevó al defensor Gustavo Corregido a realizar una presentación ante la Cámara Federal de Apelaciones que preside José Luis Alberto Aguilar, solicitando asuma intervención en merito de las facultades de superintendencia que posee y en virtud de que se está vulnerando el acceso a la justicia a partir de esta mora en más de ocho meses.



Para describir la gravedad de lo que esta sucediendo con la inacción del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, el Defensor puso de relieve que ante una medida similar presentada en la justicia provincial sobre el transporte público de pasajeros, donde se vulneraban los mismos derechos de los usuarios, como lo son la falta de audiencia pública y la imposición de una tarjeta magnética que no fue reglamentada "la justicia en forma inmediata tomó intervención y resolvió en el día la audiencia de conciliación, mientras que en la justicia federal ya lleva más de ocho meses sin resolverse".



La presentación

En el escrito hace mención a la presentación efectuada en septiembre de 2013, de la acción de amparo y medida cautelar contra el Poder Ejecutivo de la Nación, Ministerio de Transporte de la Nación o Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con el objeto de que se declare inconstitucional el instrumento legal por el cual se ordenó el aumento de la tarifa de transporte interprovincial Chaco-Corrientes, por no cumplir con la audiencia pública prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional, solicitando en la medida cautelar se retrotraiga el valor del boleto hasta tanto se dicte sentencia en la causa principal.

Es así que en fecha 11 de septiembre de 2013, en la medida cautelar, se solicitó al Ministerio del Interior y Transporte de la Nación informe en el plazo de tres días si la medida solicitada comprometía el interés público, la que fue contestada por lo tanto la Defensoría el día 16 de octubre de 2013 solicitó se resuelva la medida interpuesta, sin que a la fecha exista resolución.

Corregido recordó que el 14 de febrero de 2014, se reiteró el pedido de resolución, sin respuesta en tal sentido por parte del tribunal y en fecha 8 de mayo se hizo lo propio ante la presentación que efectuara el Diputado Nacional Hugo Maldonado, no obteniéndose respuestas aun.

En este contexto y a más de ocho meses de que se presentara la acción sin que se haya resuelto la medida cautelar solicitada, el Defensor manifestó que "esto constituye un impedimento de acceso a la justicia, tal como lo plantean la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional", entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 8.1, dispone: “…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.



Perjuicio a los usuarios

Corregido plantea que está claro que el acceso a la justicia, garantizado por la Constitución y los Tratados Internacionales incorporados a la misma, constituye también una resolución en tiempo prudencial por parte de los Tribunales. En el caso que se describe, los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros Chaco-Corrientes, "han visto vulnerado este derecho, ya que luego de haber presentado en septiembre una acción de amparo con medida cautelar, y después de varios pedidos de pronto despacho,todavía no se resolvió ni la medida, ni el pedido de audiencia, perjudicando a los usuarios quienes constantemente denuncian la mala prestación del servicio".


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