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La Fidelidad
Lunes, 3 de marzo de 2014
Abogado de los herederos de Roseo denuncia expropiación fraudulenta
El abogado patrocinante de los herederos de Manuel Roseo -el terrateniente asesinado en Castelli en enero de 2011- hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo del Chaco denunciando “expropiación fraudulenta de La Fidelidad”.



De esta manera Carlos del Corro junto a sus representados Lucía Roseo Cuéllar, Emanuel Roseo Cuéllar y la madre de los chicos Nélida Cuellar presentó un extenso escrito en el que sostiene que “mis mandantes son víctimas de una gigantesca maniobra estatal de estafa y desbaratamiento de derechos por parte del Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco, con colaboración del fiscal de Estado Osvaldo Simoni y los titulares de la Junta de Valuación de la Provincia, integrada por Hugo Correani, Teodoro Fernández Pello, Erasmo Roberto Alderete y Elvira Cecilia Chabrillón, presididos por el ingeniero Hugo Ernesto Atanasoff, por lo que solicitamos se accione ante los fueros provinciales, nacionales o internacionales para que aborte la maniobra de desbaratamiento de derechos y se declare la nulidad absoluta del acta de valuación de La Fidelidad (Nº 1069 del 8 de junio de 2012) y en consecuencia de todos los actos administrativos o judiciales de expropiación de fecha posterior al acta”.

Expresó que la maniobra a la que hace mención “la viene ejecutando el propio Estado Provincial del Chaco, con intervención de distintos funcionarios del Ejecutivo, por acción u omisión, consumando actos administrativos violatorios de la propiedad privada, de los derechos Humanos y del Niño, y los derechos del Discapacitado, que importan la violación de Tratados y Convenciones Internacionales de rango Constitucional, todo con la finalidad de simular un proceso legal expropiatorio de la estancia”.

Los hechos

Mencionó distintos hechos que lo llevan a efectuar esta denuncia, entre ellos mencionó que producida la muerte trágica de Roseo, ante la notoria indefensión de los dos únicos hijos, “surgió un sorprendente interés ambientalista del Estado provincial, para echar mano a la propiedad privada. La Dirección de Bosques fue la primera en mostrar con vías de hecho la cancelación de los permisos de extracción de madera que tenía vigentes Manuel Roseo hasta agosto del 2012 -sin ningún tipo de resolución administrativa-, dejando de esta forma a 16 familias que trabajaban en dependencia laboral en blanco, en la calle”.

“Luego el 6 de julio del 2011 en gestión vertiginosa el Poder legislativo dicta la Ley N˚ 6833 creando `la reserva de recursos La Fidelidad en el departamento General Güemes’, ley que resulta inconstitucional porque bloquea el 100 % de los atributos del dominio sobre La Fidelidad del lado del Chaco, impidiendo el ejercicio de los atributos de la propiedad de usar, gozar y disponer, sin compensación patrimonial transitoria o definitiva o pago alguno a los herederos”.

“Este atropello es seguido por otra ley exprés, la Nº 6.928 declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación 148.903,70 hectáreas ubicadas en nuestra provincia, y posteriormente, mediante otra norma más inconstitucional que la primera, la Ley Nº 6.929 crea el Fideicomiso La Fidelidad a los fines de hacer una colecta de donaciones para pagar el precio cuando se junte la plata -sin fecha cierta-”.

Accionar administrativo

El abogado manifiesta que “todo el accionar administrativo para tasar el justo valor de La Fidelidad a cargo de la junta de valuación y el procedimiento extrajudicial ha sido omitido intencionalmente por la Fiscalía de Estado a cargo de Simoni con el fin de colocar a los herederos en situación de indefensión, para que vencidos los plazos legales, estos se encuentren con un depósito judicial del valor fiscal de 10.455.000 pesos, suma ridícula por cierto respecto de lo que vale, actualmente tasada judicialmente en 187,5 millones de dólares, y de esta forma hacerlos perder la posesión”.

También explicó que “lejos de respetar los lineamientos de la ley expropiatoria, la conducta asumida por el fiscal de Estado dista de ser la que especialmente se encuentra reglada por la normativa aplicable al caso, habida cuenta de que jamás se ha convocado a mis representados a comunicarles cuál es el valor que el Estado provincial les ofrecía, en el marco de un proceso extrajudicial, y de tal forma abrir una instancia negociadora, y evitar una instancia judicial”.

Precio irrisorio

“El abuso perpetrado por el estado provincial, y especialmente por parte de los funcionarios provinciales de turno que participaron del procedimiento expropiatorio de la estancia La Fidelidad, no solo vedó la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial, sino que sustrajeron del conocimiento de los verdaderos herederos de Manuel Roseo el valor asignado por la Junta de Valuaciones, con la clara intención de disminuir sus posibilidades de defensa; a ello le debemos sumar la perversa pretensión de pretender imponer un precio caprichoso y absurdo a La Fidelidad que incluso contradice los propios actos de valuación anteriores del mismo Estado”.

Indica en la presentación ante el defensor que no fueron notificados los herederos de trámite alguno seguido por el estado provincial, y que tomaron conocimiento por medios periodísticos del valor que determinaron, situación que motivó una presentación espontánea por ante la Fiscalía de Estado “planteando la nulidad absoluta del acta”. Por esta razón dio cuenta que “la conducta de los funcionarios actuales, signada por la arbitrariedad y malicia para con los legítimos herederos sobre La Fidelidad, ha conculcado largamente, hasta el punto del papelón, derechos constitucionales, e internacionales con raigambre constitucional, en virtud de encontrase afectado los derechos de un menor de edad y sumado con la gravedad que reviste el carácter de discapacitado de uno de los hijos de Roseo”.

Ante el defensor

Indicó que recurrieron al defensor del pueblo “luego de haber transitado sin éxito todos los estamentos de la provincia, donde un pacto de silencio parece asegurar y garantizar que la estancia La Fidelidad pase a la posesión del gobierno a cambio de un insignificante precio, maniobra que se consumará gracias a la cancelación de todas las garantías constitucionales y a la declinación del cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos de todos los estamentos de la provincia, que guardan con o sin consentimiento absoluto silencio, dando la clara sensación de estar aterrados en caso de levantar sus voces contra tan gigantesca maniobra de estafa y despojo a dos niños absolutamente indefensos, cuyo única pecado es ser únicos herederos de Manuel Roseo”.

El mensaje

Por último dejó claro que “los hijos de Roseo y la madre de los chicos están totalmente de acuerdo con la expropiación y con el destino de La Fidelidad como Parque Nacional, pero lo que no consentimos es la perversidad de la metodología seguida, y la privación artera de su posesión, sin abonar nada o con un precio totalmente fraudulento”. NORTE


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