El Defensor pidió por el proyecto enviado a la Legislatura
Sábado, 21 de diciembre de 2013
Transporte: El nuevo precio confirma que la tarifa estaba sobrevalorada
El Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, advirtió que la tarifa de 3.75 pesos que se fijó para el transporte urbano a interurbano del área metropolitana confirma que los costos anteriores estaban considerados en exceso y ratificó la necesidad de un cambio metodológico para los estudios tarifarios como única manera de transparentar decisiones que tienen impacto en el bolsillo de la gente común.
Corregido, advirtió que “en este nuevo precio se toman por lo menos 22 centavos correspondientes a la máquina lectora de la Tarjebus, como un nuevo ingrediente del costo del boleto único, conforme lo expresa la síntesis presentada por la Subsecretaría, pero sin ese agregado el costo es exactamente el mismo que se venía cobrando anteriormente, y a eso hay que descontar una inflación que podría alcanzar el 30%. Sólo esto, demuestra que la tarifa de transporte de pasajeros estaba sobrevalorada tanto por la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, como por la Subsecretaría de Transporte y los concejales que le dieron aprobación en el Concejo, incluidos los funcionarios responsables, la intendente Aida Ayala, el presidente del Concejo, Eduardo Siri y el subsecretario Marcelo López”.
Reiteró que los datos aportados en la síntesis del estudio de costos durante la audiencia pública del 15 de noviembre, tienen inconsistentes y que se tomó una empresa tipo para el cálculo de la tarifa que en la ciudad de Resistencia, su área de influencia no existe, además de que se utilizaron recorridos que están muy por encima de lo que corresponde a la licitación del año 2006, o una cantidad de empleados que ninguna concesionaria del servicio tiene”.
El Defensor del Pueblo afirmó que “tomando esos parámetros la estructura de costos se eleva y eso hace que la tarifa sea mayor, perjudicando exclusivamente a los usuarios, que son la parte más indefensa de la sociedad a la que precisamente los funcionarios públicos deberían defender”. Solicitó a la Cámara de Diputados que le de tratamiento al proyecto presentado, haciendo uso de su facultad de iniciativa y reiteró que hubo “insuficiencia de la metodología utilizada para el cálculo de la actual tarifa, conjuntamente a la falta de una normativa que establezca el procedimiento y fórmulas claras para su determinación”.