La decisión se tomó a partir de la gran cantidad de falsas alarmas que se han reportado y que obligan a constantes e innecesarios desplazamientos de los efectivos de la fuerza pública.
La Procuración General hace saber que impartió instrucciones a todos los fiscales de la provincia para que se investiguen todos los llamados al 911 que pretendan confundir a la policía o alterar el normal desarrollo de sus tareas.