Jueves, 8 de Octubre de 2026
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LA CORTE, OTRA VEZ CLAVE
Jueves, 8 de octubre de 2026
El PJ sigue con atención una definición judicial que puede alterar la elección directa de Parlasur
El máximo tribunal avanza en una causa que lleva siete años sin resolución. Para el peronismo, está en juego quién define las reglas de la representación política.

El peronismo observa con atención una decisión que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) podría tomar en los próximos días sobre la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, una definición que, por su naturaleza, corresponde a la política y al Congreso. El antecedente inmediato es la Ley de Tierras: sin pronunciarse sobre el fondo, el máximo tribunal dejó operativa su derogación.

El 5 de octubre fueron sorteados los conjueces. Alberto Ricardo Dalla Via se excusó porque ya había intervenido a favor de la elección directa en la Cámara Nacional Electoral y será reemplazado por Javier Leal de Ibarra, a quien en el PJ identifican como cercano a Ricardo Lorenzetti.

La discusión excede las 43 bancas argentinas. La elección directa es resultado de más de tres décadas de construcción institucional del Mercosur, prevista en el Protocolo Constitutivo y aprobada mediante la Ley 26.146. En 2014 el Congreso sancionó la Ley 27.120 y en 2015 los argentinos eligieron por primera vez a sus representantes. En 2019, los cancilleres suscribieron un protocolo que postergaba el plazo, expresión que para el PJ no obligaba a retroceder a quienes ya habían implementado el voto directo.

Frente a la decisión del gobierno de Macri de no convocar a elecciones, el PJ acudió a la Justicia. La Cámara Nacional Electoral le dio la razón, el Estado apeló y el expediente llegó a la Corte, donde permaneció años. En 2023 Argentina volvió a elegir mediante el voto popular.

Ahora, siete años después, la Corte avanza para resolver. El momento ocurre en la antesala de 2027 y mientras el gobierno de Milei impulsa una reforma política sobre aspectos centrales del sistema electoral. En el PJ advierten que aquello que el Gobierno no consiga modificar en el Congreso no debería encontrar una vía de resolución judicial.


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