Ley de Reiterancia: si se aprueba, ¿qué pasará con la sobrepoblación de las cárceles? - EsChaco.com - Resistencia

PROYECTO DEL OFICIALISMO

Martes, 25 de agosto de 2026

Ley de Reiterancia: si se aprueba, ¿qué pasará con la sobrepoblación de las cárceles?

Escribe Pamela Soto - El oficialismo en la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco tratará el próximo miércoles el proyecto de Ley de Reiterancia Delictiva, una reforma al Código Procesal Penal (CPP). La iniciativa fue impulsada por el bloque de legisladores Chaco Puede – ya cuenta con algunos votos de la oposición- propone endurecer la prisión preventiva para imputados con causas abiertas simultáneas.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT) remitió un documento técnico a la Legislatura expresando su tajante oposición al proyecto, fundamentado en tres ejes: inconstitucionalidad, violación del principio de inocencia, y agravamiento de la situación de la población carcelaria.

El organismo señaló que el proyecto no supera el control de constitucionalidad ni convencionalidad, al vulnerar el principio de inocencia (art. 18 de la Constitución Nacional; art. 8.2 de la CADH y 14.2 del PIDCP) y la prohibición de doble valoración (ne bis in idem). En su informe, los comisionados recordaron que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla. Sostuvo que dictar la detención por la sola existencia de causas abiertas sin probar el peligro concreto de fuga o entorpercimiento en audiencia convierte a la medida cautelar en una condena anticipada.

Asimismo, y basándose en datos del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, el Comité demostró que la figura no redujo la criminalidad en provincias donde ya se aplica. Tal es el caso de Mendoza, donde la Ley de Reiterancia está vigente desde 2016, pero desde 2019, el 21% de los condenados registraba reiterancia; y para 2022, la cifra de condenados con reiterancia subió al 40%. Una situación similar se repite en Tucumán (con la ley vigente desde 2018). Allí, en 2019, el 7% de los condenados tenía reiterancia; para 2022, el porcentaje aumentó al 14%.

«En ambas provincias la reiterancia delictiva aumentó al doble a pesar de la amenaza de privación de libertad, lo que demuestra que esta reforma resulta una deficiente política de seguridad», concluyó el informe.

Por último, advierten que Chaco atraviesa una grave crisis de sobrepoblación carcelaria que empeoraría de aprobarse la normativa propuesta por el oficialismo. El Comité advirtió que la norma provocará el colapso del sistema de detención policial, en una provincia donde el número de alojados en comisarías experimentó un incremento crítico. En la provincia del Chaco, las dependencias policiales registran una sobrepoblación del 66,9 %, albergando a 1.267 personas en espacios diseñados para 759. Esta cifra supera la cantidad alojada en las propias unidades penitenciarias provinciales (1.263), reflejando un colapso en el sistema de encierro transitorio.

Según los datos del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, las personas detenidas en comisarías del Chaco llegan a permanecer hasta 2 años privadas de su libertad en dependencias policiales, cumpliendo allí el plazo máximo de la preventiva e incluso permaneciendo alojadas tras recibir condena firme, violando la Ley 24.660 de Ejecución Penal.

El organismo advirtió que recargar las comisarías (citando casos críticos judicializados como las Seccionales Quinta, Séptima y Undécima de Resistencia) desvía al personal policial de sus tareas de prevención del delito para abocarlo a la custodia de detenidos en espacios ediliciamente inadecuados.

LA PUERTA GIRATORIA

El proyecto generó un fuerte cruce entre el gobernador Leandro Zdero —quien acusó a la oposición de estar «siempre del lado de los delincuentes»— y el bloque del Partido Justicialista (PJ), que rechaza la reducción del debate de seguridad a un cambio normativo. Sin embargo, el cuestionamiento más severo provino del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT), que presentó un informe técnico advirtiendo que la reforma es inconstitucional, no reduce el delito y agravará la superpoblación en las comisarías.

El expediente principal, presentado inicialmente por el diputado radical Carim Peche en septiembre de 2024 junto a otras seis iniciativas acumuladas, plantea modificar los artículos 276 y 289 del CPP e incorporar el artículo 289 bis.

El argumento principal del oficialismo es la famosa “puerta giratoria” para quienes delinquen. De esta manera, consideran que “reiterancia” a la situación de una persona imputada en una causa penal que, en forma coexistente, posee otro u otros procesos abiertos tras haber sido convocada para la formalización de la investigación o acto equivalente.

Por otra parte, según el proyecto, la acumulación de causas de una persona, pasa a ser un criterio central que jueces y fiscales deberán ponderar al evaluar los riesgos procesales (peligro de fuga o entorpercimiento). Además, se agregan como pautas de peligro el uso de armas, hechos cometidos con violencia, participación de varias personas, antecedentes de rebeldía, haber suministrado identidad falsa o el incumplimiento de medidas judiciales previas.

LA REITERANCIA YA EXISTE

Los legisladores del peronismo y aliados cruzaron la narrativa oficial. La diputada María Pía Chiacchio Cavana afirmó que «la reiterancia ya existe en el Chaco», dado que el actual artículo 289 ya menciona la «reiteración de actividad delictiva» como pauta de peligro procesal. Asimismo, sostuvo que la «puerta giratoria» no se combate cambiando una ley, sino dotando de recursos a la Justicia y al sistema penitenciario. Sin embargo, el martes adelantó que votará a favor del proyecto si se trabaja con “seriedad” y “sin excusas” para mejorar la situación de la seguridad en la provincia.

Por su parte, el diputado Santiago Pérez Pons también adelantó que votará a favor pero rechazó las acusaciones del mandatario provincial. «Es mentira que nos opongamos a discutir. Los desafío a que vayamos ya a votar», dijo; y exigió “inversión en infraestructura carcelaria, mejoras salariales para la Policía y mayor celeridad procesal”.