Protesta wichí en reclamo por el “abandono del Estado”: una mujer murió por falta de acceso a la salud - EsChaco.com - Resistencia

CRISIS HUMANITARIA EN EL IMPENETRABLE

Jueves, 11 de junio de 2026

Protesta wichí en reclamo por el “abandono del Estado”: una mujer murió por falta de acceso a la salud

Desde el 5 de junio, ocho organizaciones de comunidades indígenas llevan adelante una protesta histórica por la falta absoluta de médicos, ambulancias y alimentos en la región. Reclaman el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado a garantizar acceso a la salud, alimentos y educación.

La situación se agravó esta semana ya que en la mañana del 10 de junio murió Sara Maldonado, una mujer wichí de 64 años de edad, que había sido trasladada de urgencia el pasado domingo desde Misión Nueva Pompeya hacia el hospital de Juan José Castelli, presentaba un cuadro crítico con graves complicaciones pulmonares y estomacales. La salud de la mujer se agravó por la falta de presencia de médicos y operativos sanitarios en la zona donde reside.

Según informaron a través de un comunicado de prensa difundido este jueves, la muerte de Maldonado profundizó la indignación y el dolor entre los manifestantes, quienes catalogaron el hecho como una "muerte evitable" derivada del abandono estructural que sufren de forma sistemática por parte de las autoridades provinciales y nacionales.

PROTESTA PROVINCIAL
La protesta comenzó el pasado 5 de junio de 2026, cuando familias y organizaciones de pueblos originarios provenientes de las localidades de Nueva Pompeya, Fortín Belgrano, Sauzalito, Comandancia Frías, Tres Pozos, Vizcacheral, El Sauzal y Wichí El Pintado, marcharon hacia el acceso de la localidad para instalar ollas populares de manera permanente bajo la consigna: “Basta de hambre y muertes por tuberculosis”.

"Solicitamos al gobierno nacional y al gobierno provincial, urgentes respuestas a nuestras necesidades. La situación de la salud es un desastre. Denunciamos la falta absoluta de ambulancias, de medicamentos, insumos básicos y médicos en El Impenetrable. Seguimos sufriendo muertes evitables causadas por Chagas, tuberculosis y la desnutrición que golpea principalmente a nuestros chicos", afirmaron de manera contundente las comunidades a través de un documento publicado por este medio.

REALIDAD INSOSTENIBLE
En el marco de la protesta, las organizaciones indígenas difundieron un documento en el que visibilizan lo que sucede en la región y exponen sus reclamos. Además, exigen respuestas inmediatas tanto al Estado nacional como provincial, a los cuales denuncian de haber “abandonado” a los pueblos originarios.
Entre los ejes del reclamo reclaman la reapertura de merenderos y reactivación total de comedores escolares que permitían que muchos niños y adolescentes puedan acceder a un plato de comida todos los días. También demandan la incorporación de médicos y medicamentos, provisión de ambulancias para parajes rurales y la creación de un Equipo Móvil de Emergencia Sanitaria para atender casos como el de Maldonado.
Por otra parte, advierten que es necesario el cese de cortes de luz, reconexión de medidores, condonación de deudas y tendido de redes de agua y energía. Trabajo y Producción: Restitución de programas sociales caídos y asistencia técnica (semillas y aradas) para el sector campesino.
Finalmente, reclaman la creación de anexos secundarios y terciarios, contratación de Maestros Bilingües Interculturales (MBI) y la titularización definitiva de las tierras ancestrales de la Reserva Grande.
La drástica situación en el epicentro de El Impenetrable comenzó a replicarse con fuerza en otros puntos de la provincia del Chaco. Organizaciones sociales como la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha (MOEL) montaron ollas populares a la vera de las rutas en Sáenz Peña, Machagai, Las Palmas, La Leonesa, El Espinillo y Juan José Castelli en señal de activo acompañamiento.

A LOS DIPUTADOS
El pasado 4 de junio, la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya conformada por más de 250 pobladores, caciques, pastores y referentes de diversas organizaciones civiles se reunieron de urgencia con la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados de la provincia, presidida por el diputado Rodolfo Schwartz junto a las legisladoras María Luisa Chomiak y Gladys González, quienes se apersonaron a pedido de los locales.
A través de crudos testimonios expresados mayoritariamente en lengua wichí con traducción en simultáneo. Así denunciaron el cierre sistemático de merenderos comunitarios y el "casi nulo" funcionamiento de los comedores escolares, lo que obliga a gran parte de la población rural a consumir una sola comida al día. Los referentes apuntaron con dureza contra el programa oficial de asistencia alimentaria Ñachec, reportando que las cajas de mercadería llegan con retrasos de entre 3 y 5 meses, abiertas, con faltantes de productos esenciales y bajo un reparto discrecional y padrones deficientes.
Además de las muertes evitables por Chagas, tuberculosis y desnutrición infantil, denunciaron la falta de vehículos sanitarios para traslados de pacientes. Los manifestantes, además, desmintieron categóricamente que el suministro de agua potable esté resuelto y denunciaron la quita de medidores y cortes del servicio eléctrico a familias en extrema vulnerabilidad. Los representantes comunitarios afirmaron con firmeza que no regresarán a sus hogares sin soluciones firmadas, advirtiendo que volver en estas condiciones "significa seguir conviviendo con el desamparo y la desnutrición".
Ante la falta de respuestas de los poderes ejecutivos, se confirmó que la Defensora Adjunta del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, Gisela Wirtz, visitará formalmente el acampe el próximo viernes 12 de junio a las 10:00 horas para interiorizarse sobre la situación y relevar testimonios. Wirtz es la impulsora de la reciente medida cautelar penal por el "genocidio silencioso" que padecen las comunidades wichí de la zona, un sector de El Impenetrable que históricamente quedó desprotegido de los alcances de la cautelar dictada por la Corte Suprema de la Nación en 2007.
En las últimas horas, la asamblea del acampe mantuvo una reunión con el Secretario de Gobierno local, exigiéndole que el Intendente municipal interceda de manera urgente ante el Gobernador de la provincia para abrir un canal de comunicación telefónica directa que destrabe el conflicto. Las comunidades hacen un llamado urgente a organismos de derechos humanos, instituciones religiosas y sindicatos para visibilizar una crisis humanitaria insostenible.

IMCUMPLIMIENTO JUDICIAL
La crítica situación que atraviesa la región se da paradójicamente bajo el amparo de una resolución judicial histórica. Se trata de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2007, impulsada a raíz de una presentación realizada por el Defensor del Pueblo de la Nación. En aquel fallo definitivo, el máximo tribunal del país ordenó de forma urgente al Estado Nacional y a la Provincia del Chaco proveer agua potable y alimentos indispensables a las comunidades originarias.
Dicha resolución judicial exigió a ambos estados la adopción inmediata de medidas destinadas a frenar lo que se catalogó formalmente como una situación de "exterminio silencioso", focalizada originalmente en el sudeste del Departamento General Güemes y noroeste del Departamento Libertador General San Martín. El dictamen estableció la obligación directa e de garantizar la asistencia vital y agua segura para la subsistencia de los grupos más vulnerables, resguardando inicialmente a poblaciones de la etnia Qom registradas en los expedientes de jurisprudencia del Poder Judicial del Chaco.
A pesar de haber transcurrido casi dos décadas desde su emisión, la plena vigencia y actualidad del fallo de la Corte Suprema sigue bajo constante monitoreo debido a la persistencia de estas problemáticas estructurales. De hecho, la Justicia Federal con sede en la provincia ha requerido de forma reciente al Gobierno Provincial y al Estado Nacional informes actualizados sobre el impacto directo que las modificaciones presupuestarias en programas sociales y la asistencia alimentaria están teniendo sobre el cumplimiento de este mandato histórico, cuya ineficacia práctica se traduce hoy en nuevas muertes y masivas movilizaciones de las comunidades locales.