Otro caso de brutalidad policíaca que pone en jaque la conducción política de la seguridad en el Chaco - EsChaco.com - Resistencia

AHORA SE SUMA UN HECHO EN CASTELLI

Jueves, 11 de junio de 2026

Otro caso de brutalidad policíaca que pone en jaque la conducción política de la seguridad en el Chaco

A casi dos meses de la salvaje agresión que sufrieron un reconocido comerciante de 73 años y su hijo a manos de dos efectivos de la Policía del Chaco, y que quedó incluso registrado en un video, la familia denuncia inacción de la Fiscalía y exige justicia. Los agentes Elvio Sena y Cristian Muro –identificados, de civil y alcoholizados– habrían exigido dinero y, ante la negativa, golpearon salvajemente a las víctimas.

El hijo terminó con fractura de maxilar tras recibir patadas en la cabeza mientras estaba en el suelo. Este caso se suma a otros dos hechos resonantes de presunta brutalidad policial –la muerte de Nelson David Gusak y la desaparición de Axel Alejandro González– que ponen contra las cuerdas al jefe de Policía, Fernando Romero, y al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich.

La noche del 18 de abril de 2026 quedó grabada a golpes en la memoria de Víctor Leonel Ceballos (31). Y todo quedó registrado en un video que se viralizó. Lo que comenzó como una mañana cualquiera frente a un kiosco 24 horas del barrio 17 de Octubre de Juan José Castelli terminó con su mandíbula fracturada, varias piezas dentales rotas y una certeza atroz: los dos hombres que lo pateaban en la cabeza mientras él yacía indefenso en el piso eran policías provinciales.

“Cheto de mierda, ¿qué hacés acá? Tenés que dejar para la birra”, “rajá de acá, sino sos boleta”. Esas fueron las primeras intimaciones que, según consta en el expediente judicial 1361/2026-6, los efectivos Elvio Sena y Cristian Muro –de civil y en estado de ebriedad– le espetaron a la víctima. Detrás de ellos, un grupo de cuatro o cinco personas que también participó de la golpiza.

Según la declaración testimonial de Víctor Leonel Ceballos ante la Fiscalía de Investigaciones, cuando intentó filmar la agresión con su celular para tener una prueba, la violencia se intensificó: “Sena dijo ‘hay que matar a este hijo de puta, ahora va a ver’ y me metió una patada en la cara”. Fue allí cuando, ya en el suelo, recibió el golpe que le fracturó todo el maxilar inferior. “Yo me encontraba en el piso indefenso –declaró la víctima–, ahí fue cuando me fracturó toda la mandíbula”.

Su padre, Víctor Alberto Ceballos Pérez (73), conocido comerciante de la zona, también fue agredido. “Muro Cristian me pegó dos piñas en la cabeza, eso me tumbó al piso, y después me dio una patada en el cuerpo mientras me decía ‘viejo de mierda, rajá de acá’”, relató el anciano en su declaración jurada. Y agregó, con una angustia que traspasa el papel: “Con total sinceridad pensé que iban a matar a mi hijo. La agresión era muy violenta y no cesaba”.

Videos, testigos y una fiscalía que no actúa
A pesar de que existen registros fílmicos de la agresión –que circulan en grupos de WhatsApp y fueron aportados en un pendrive al expediente–, testigos presenciales (entre ellos una joven que les recriminó a los agresores ser policías) y estudios médicos que acreditan las graves lesiones, la familia denuncia que a tres semanas del hecho no se han tomado medidas efectivas.

“Ni siquiera los demoraron a Muro ni a Sena por las agresiones sufridas, habiendo videos, testigos y pruebas –declaró el padre ante la Fiscalía–. Me pregunto si me tenían que haber matado para que se haga algo”.

El propio hijo, Víctor Leonel, enfatizó: “No quiero una mediación penal, quiero accionar penalmente contra Muro y Sena porque tienen conocimiento de la gravedad de lo que hicieron al ser personal policial”. Y solicitó el “apartamiento preventivo de los agresores de la fuerza policial mientras dure la investigación”. Hasta hoy, ambos efectivos continúan en funciones.

Dos casos más que encienden las alarmas
La golpiza de Castelli no es un hecho aislado. En los últimos meses, la Policía del Chaco ha sido señalada por su accionar violento y su falta de profesionalismo en al menos dos causas de máxima repercusión.

Por un lado, el caso de Nelson David Gusak, un joven de 27 años que estuvo desaparecido durante más de siete meses y cuyo cadáver apareció en una zona periférica de Resistencia en circunstancias que la familia y organizaciones de derechos humanos vinculan a una presunta persecución policial.

Por otro, la desaparición de Axel Alejandro González (21), quien no aparece desde el 17 de mayo pasado. Su caso también está envuelto en denuncias de persecución, maltrato institucional y apremios ilegales por parte de efectivos provinciales.

Ambos casos, sumados a la brutalidad exhibida en Castelli, ponen un foco implacable sobre la conducción de la fuerza y la política de seguridad del gobierno chaqueño.

“Cheto de mierda” y la impunidad que duele
El expediente de Castelli revela además un patrón que se repite: la sensación de impunidad de los propios agentes. Según el relato del padre, los policías se jactaban de su investidura: “Me agredieron verbalmente diciéndome ‘viejo anciano, viejo carnero’, aprovechándose de que ellos son policías y me podían denigrar”.

El hecho de que Sena y Muro se hayan retirado del lugar en una moto –no en un patrullero– y que uno de ellos hiciera a la víctima “señas con su mano, como si fuese un arma”, mientras huía, grafica con crudeza el nivel de desprecio por la ley y la vida ciudadana que, según los denunciantes, impera en sectores de la fuerza.

Responsabilidad política: Romero y Matkovich en la mira
La ola de denuncias por brutalidad policial, falta de profesionalismo, denuncias por narcotráfico y violencia de género, además de otras severas falencias institucionales pone en jaque a la conducción política de la Policía del Chaco. Tanto el jefe de la fuerza, Fernando Romero, como el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, son señalados por la oposición y por organizaciones de derechos humanos como responsables directos.

Justicia que tarda, familia que exige
Mientras tanto, Víctor Leonel Ceballos espera una cirugía programada para reconstruir su maxilar. Su padre, de 73 años, no duerme, sufre ataques de pánico y vive a una cuadra de la Comisaría Segunda, donde prestan servicios sus agresores.

“Tengo tres comercios en Juan José Castelli –declaró el anciano–. Nunca tuve problemas con la Policía. Considero sumamente grave que quienes tengan que velar por la seguridad de los ciudadanos hagan este tipo de cosas”.

La familia exige justicia y protección. Pero sobre todo, pide que no haga falta un muerto más para que la Fiscalía y los mandos políticos dejen de mirar para otro lado. Porque en el Chaco de 2026, la brutalidad policial ya no es una excepción: es un patrón que duele, indigna y exige respuestas urgentes.