Femicidios: falta de respuesta judicial y políticas de género en Chaco que protejan a las mujeres - EsChaco.com - Resistencia

NI UNA MENOS

Miércoles, 3 de junio de 2026

Femicidios: falta de respuesta judicial y políticas de género en Chaco que protejan a las mujeres

Escribe Pame Soto - En el marco del 11 aniversario de la marcha de Ni Una Menos, la situación de la violencia de género en la provincia del Chaco expone una profunda brecha entre las demandas sociales, la efectividad del Poder Judicial y las recientes transformaciones en la estructura estatal de contención que dejaron desprotegidas a las víctimas de villencia.

De acuerdo con los datos brindados por el Observatorio “Luisa Bautista”, en lo que va del año 2026 se han registrado formalmente tres femidios en el territorio provincial, visibilizando la urgencia de desarticular las violencias antes de que resulten en desenlaces fatales.

El 11 de marzo en Quitilipi fueron asesinadas Marcela Frías (37 años) y su hija Diana Gómez (17 años). Por el doble femicidio se encuentra detenido David Ojeda, ex pareja de Marcela. La mujer tenía otros tres hijos que quedaron a cargo de familiares.
El 5 de mayo en Puerto Vilelas, el policía Luciano Etudie mató a Graciela López (33 años). El hombre la secuestró junto al hijo en común que tenían. La policía logró rescatar al niño, pero en pleno operativo, Etudie mató a Graciela. Tres menores de edad quedaron a cargo de su abuela.

BAJA EFECTIVIDAD JUDICIAL
Las principales trabas que encuentran las víctimas de violencia de género están en la Justicia. Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Ministerio Público del Chaco posee apenas un 17% de efectividad en causas de violencia de género. Esto significa que de la totalidad de las denuncias radicadas, solo ese bajo porcentaje obtiene algún tipo de respuesta institucional. Esta falta de resolución efectiva golpea con mayor fuerza a las víctimas que atraviesan los procesos en situación de soledad.

Como consecuencia de este mal desempeño de la Justicia ocurren situaciones como retraso en las medidas preventivas y de detención, el cierre prematuro de causas mediante acuerdos extrajudiciales que no fomentan el acceso a justicia de las víctimas. Por otra parte, aquellas causas que consiguen avanzar deben enfrentar dilaciones extremas, pasando varios años antes de que se concrete un juicio y posterior condena.

En ese sentido, lo que se evidencia, más allá de las capacitaciones en materia de géneros y derechos humanos para los trabajadores judiciales, es una falta de empatía sistemática hacia las personas víctimas de violencias por razones de género.

EL ROL DEL ESTADO
Desde la llegada de Javier Milei al Estado nacional, las políticas de prevención de las violencias se desfinanciaron, eliminaron, redujeron a cenizas. No existe apoyo estatal a las victimas. En Chaco, las políticas de protección de las mujeres han disminuido notablemente.

Si bien, se sostiene una asistencia transversal y continúa operando programas económicos para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, mantiene activos espacios de contención y capacitación, los dispositivos no alcanzan.

La asistencia directa ante emergencias se centraliza de forma gratuita, anónima y durante las 24 horas a través de la Línea 137, complementándose localmente con la guardia de la Subsecretaría de Género y Diversidad ubicada en Monteagudo 484 (Resistencia) y la actuación de las comisarías de la mujer mediante protocolos específicos.

No obstante, la continuidad de estas herramientas convive con una notable pérdida de jerarquía institucional. Desde finales de 2023, bajo la gestión del gobernador Leandro Zdero, el área sufrió una fuerte reestructuración en la que la antigua Secretaría de Derechos Humanos y Géneros —que poseía rango ministerial— fue degradada a Subsecretaría, reduciendo significativamente su presupuesto e influencia política. Esta baja presupuestaria repercutió directamente en las condiciones laborales del sector, registrándose el despido de trabajadoras de la Línea 137 y de las guardias de emergencia, mientras que el personal que permanece sufre situaciones de precarización laboral y explotación, debiendo atender el doble de casos en horarios de alta complejidad.