Caso Axel González: advierten que se desvía el foco para no investigar a la Policía del Chaco
La investigación por la desaparición de Axel González en la localidad de Fontana da giros que generan más incertidumbre y preocupación en la sociedad. Esta semana, los seis detenidos fueron imputados por encubrimiento, los policías investigados fueron trasladados a otra comisaría pero el fiscal de DDHH a cargo de la investigación se declaró incompetente. De esta manera, el caso pasó a manos de la Fiscalía de Investigaciones N°14.
Romina Duarte, comisionada del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, habló con EsChaco luego de que el organismo realice la presentación para constituirse como querellante en la causa. Con el cambio a otra fiscalía, se deberá resolver qué pasará con esa querella.
Desde la familia de Axel hay desconfianza en la cúpula policial y en el Gobierno provincial, advierten que hay un intento de desviar la atención del caso para no investigar a los agentes sospechosos y encasillar a la desaparición del joven como un “simple conflicto entre civiles” vinculados al narcotráfico o narcomenudeo.
Las trabas en la investigación Axel González desapareció el pasado domingo 17 de mayo. Según relató Duarte, el Comité tomó conocimiento del hecho a través de los medios y rápidamente se contactó con Cinthia, hermana de la víctima.
Al presentarse en el lugar el día martes, los comisionados constataron las primeras irregularidades tales como rastrillajes comunitarios que realizaba la familia en una laguna por sus propios medios debido a la negativa del personal policial de ingresar al agua.
A lo que se suma una denuncia rechazada. El Comité pudo constatar que la madre de Axel intentó realizar la denuncia en la Comisaría Segunda de Fontana, pero el personal se negó a tomársela. Finalmente, debió dirigirse a la Zona Metropolitana, donde señaló directamente a dos agentes de la mencionada seccional de Fontana como sospechosos.
Por otra parte, a pesar de haber obtenido vista del expediente, el Comité denunció que la Fiscalía de DDHH a cargo de Luciano Santos, no subía las pruebas documentales al sistema digital judicial, lo que imposibilitaba el trabajo del organismo en estos casos y demoraba la solicitud de medidas judiciales urgentes que esclarezcan el hecho.
"El secretario de la Fiscalía señaló que era un expediente en reserva, pero en la Justicia provincial no existe el secreto de sumario. Cuando nosotros como Comité somos autoridad para solicitar acceso a expedientes. También desde Órgano de Control Institucional (OCI) -órgano de contralor de la Policía- nos negaron ver las cámaras y los libros de guardia bajo el argumento de que no éramos parte querellante", afirmó Duarte, subrayando las trabas administrativas impuestas también por el OCI.
El "relato" del narcotráfico Para el Comité de Prevención de la Tortura, la reciente detención de civiles (Íñiguez, Silva, Lázaro, Pucheta, y Lorena Gómez y sus familiares) forma parte de una “maniobra de distracción”. Lázaro fue la última persona en ver a Axel con vida y quien declaró haber visto llegar a la Policía justo antes de la desaparición.
En ese sentido, Duarte criticó con dureza el rol del Jefe de la Policía del Chaco y del Ministro de Seguridad, debido a que son ellos los que comunican a los medios los avances de la investigación policial, búsqueda y también ponen condiciones para mantener reuniones con la familia.
Asimismo, el operativo de búsqueda está liderado el jefe de la División de Investigaciones de la Policía de la Provincia. "No puede ser que un policía provincial dirija la investigación cuando su propia fuerza está sospechada desde el primer día, ya debería haber intervenido una fuerza federal", señaló Duarte.
Constitución en querella y el pedido del Protocolo de Minnesota Ante la inacción judicial, el Comité de Prevención de la Tortura se constituyó formalmente como querellante el pasado viernes, tras una fuerte insistencia presencial en la Fiscalía de DDHH. La abogada de la familia, Gabriela Tomljenovic, acompaña la misma línea jurídica.
Tanto para la representante de la familia como para el Comité, la situación de Axel es clara: hay que empezar a hablar de una desaparición forzada de personas en la que hubo un involucramiento de la Policía. Por lo que es necesaria la urgente aplicación estricta del Protocolo de Minnesota, para casos de violencia institucional, afirmó Duarte a este medio.
También recordó que estas medidas conllevarían a la intervención de fuerzas federales (Gendarmería Nacional, Policía Federal o PSA) para desplazar a la Policía del Chaco del control de la investigación y en los operativos de búsqueda del joven. A la par, ya se deberían haber tomado otras medidas para el esclarecimiento del hecho tales como pruebas de Luminol y rastreo con canes dentro de la dependencia policial.
Hasta el momento lo único que ocurrió fue que se secuestraron los celulares de los agentes que habrían visto por última vez a Axel y Gendarmería los debe analizar.
Mientras tanto, según publica Chaco Día Por Día, los registros del GPS y las cámaras de la comisaría permitieron identificar con precisión que el vehículo policial salió de la unidad a las 2.02 del 17 de mayo con dos efectivos a bordo: el Cabo Gerardo Antonelo Méndez como chofer y el Oficial Subayudante Roberto Omar Barrios como número.
El GPS registra que el patrullero permaneció detenido aproximadamente cuatro minutos (entre las 2.08 y las 2.12) en el sector donde Lázaro dijo que los interceptaron, y unos dos minutos (entre las 2.14 y las 2.16) frente a la casa de Antonio Omar Iñiguez. A las 2.26 el vehículo regresó a la comisaría, donde el acompañante descendió brevemente y volvió a subir a las 2.28.
Nuevo equipo fiscal Tras la inhibición del Fiscal de Derechos Humanos para actuar contra los civiles detenidos, la causa recayó en la Fiscalía Penal Nº 14. Mientras tanto, la tensión y la exigencia de respuestas concretas va en aumento, ya se realizaron varias marchas.
Según reveló Duarte, el Gobernador de la provincia había prometido visitar a la familia en el barrio, pero a último momento canceló la visita y exigió que los padres concurrieran solos a la Casa de Gobierno, sin el acompañamiento de sus hijas. Los padres de Axel se negaron a asistir bajo esas condiciones, denunciando un intento de "limpiar la imagen institucional" sin dar respuestas concretas.
El Comité permanece a la expectativa de que la nueva conducción fiscal no revoque su rol de querellante y dé luz verde a las medidas de prueba solicitadas para determinar qué pasó con Axel González.