Vigier criticó a los jueces que piden veto: "Son los empleados públicos que más altos sueldos cobran" - EsChaco.com - Resistencia

Rechazan veto a Ley de Honorarios profesionales

Lunes, 13 de abril de 2026

Vigier criticó a los jueces que piden veto: "Son los empleados públicos que más altos sueldos cobran"

El presidente del Consejo Profesional de la Abogacía rechazó el pedido de la Asociación de Magistrados al gobernador Leandro Zdero y defendió la promulgación íntegra de la ley de honorarios sancionada por la Legislatura.

La tensión entre la abogacía y la magistratura chaqueña escaló luego de que la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales solicitara al gobernador Leandro Zdero un veto parcial sobre tres artículos de la nueva ley de honorarios profesionales.

El presidente del Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción, Miguel Vigier, rechazó hoy de plano el pedido y apuntó directamente contra los jueces: “Son los empleados públicos que más altos sueldos cobran en la provincia”, afirmó.

Vigier recordó que los abogados siempre vieron con beneplácito que la magistratura perciba salarios elevados, pero cuestionó que ahora un sector minoritario intente afectar las “retribuciones justas” de los profesionales del derecho.

“Duele profundamente que un grupo de jueces pretenda vetar una ley que establece parámetros objetivos para evitar la discrecionalidad en la fijación de honorarios”, sostuvo, en declaraciones a NG Federal.

El representante de los abogados calificó los fundamentos de los magistrados como “irrelevantes y absolutamente improcedentes”, y subrayó que el rechazo proviene únicamente de algunos jueces de Resistencia, mientras que los del interior no manifestaron objeciones. “Los jueces no deben opinar sobre las retribuciones de los abogados. Nosotros nunca hemos cuestionado sus salarios”, enfatizó
Vigier exigió al gobernador Zdero la promulgación íntegra de la ley, respaldada por todas las entidades profesionales de las seis circunscripciones judiciales del Chaco, tras dos años de debate y consenso legislativo.