Paro en universidades: las autoridades insisten en que "lo más urgente es que el Gobierno llame a paritarias"
En diálogo con Ámbito, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, señaló que "hay mucha decepción porque la ley de financiamiento universitario era una posibilidad de que se vaya recuperando el salario y eso no se ve".
Involucrados en una disputa judicial por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por ambas cámaras luego de un veto presidencial e incluso superó una votación durante el debate del Presupuesto 2026, las universidades y el Gobierno inician un nuevo ciclo lectivo en un marco de conflictividad. El paro anunciado por trabajadores docentes y no docentes desde el 16 al 21 de marzo empuja al oficialismo a enunciar una postura, que hasta el momento continúa siendo la de un tenso silencio.
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario sancionado en el 2025 sintetiza el reclamo de los gremios que impulsan la medida de fuerza: mejoras salariales, aumento en gastos de financiamientos, recomposición de las becas y -la demanda que ven más lejana- inversión en infraestructura. Ante un revés judicial que decidió apelar, el Gobierno comenzó a evaluar alternativas y convocó a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a una reunión para anticiparles que iban a presentar un proyecto propio más accesible a sus pretensiones fiscales.
La ley sancionada en el 2025 -que aunque fue reglamentada, no comenzó a implementarse- estipulaba gastos por 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La propuesta del Gobierno, que aún permanece en estado de borrador, no contempla la brecha entre ingresos y aumento del IPC -calculada en una pérdida del 53%, según la CONADU- en los dos primeros años de gestión de Milei y propone que el financiamiento universitario se ajuste "en la medida en que la inflación observada" supere los 14,3%, lo que podría suceder en junio si continúa el actual ritmo del 2,9% mensual. A su vez, y en lugar de sujetar los incrementos salariales a la inflación, anticipan una propuesta del 12.3% en tres tramos: el primero en marzo, el segundo en julio y el último en septiembre.
Ante ello, y además del paro que iniciará el próximo 16 de marzo, los gremios docentes adelantaron medidas de fuerza en las semanas del 30 de marzo y el 27 de abril, junto a una Marcha Federal el 23 de abril y el comienzo de un proceso de instalación de carpas en las capitales provinciales. La acción legislativa aún está paralizada: no se conformaron las comisiones de Educación ni en el Senado ni en Diputados. En este último caso, el oficialismo se quedaría con la presidencia del espacio y suena el nombre de Alejandro Finocchiaro, exmiembro del PRO actualmente integrante de La Libertad Avanza y con pasado como ministro de Educación nacional de la gestión de Mauricio Macri.
El Gobierno además tiene otro frente educativo abierto: se multiplican las movilizaciones en las provincias en reclamo de mejoras en los ingresos y el mismo secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, tuvo una reunión fallida con los gremios al ofrecerles un salario mínimo de $650.000. La distancia es tal que los sindicatos solicitan el doble, amparándose en la referencia de la línea de la pobreza (que este mes quedó en $1.397.672).
Oscar Alpa: “Hay mucha decepción en docentes y no docentes” En diálogo con Ámbito, Oscar Alpa hizo hincapié en cómo se viene desenvolviendo el reclamo universitario y qué posibilidades existen de que se normalice el ciclo lectivo universitario.