Cláusula gatillo: la Justicia le da 48 horas a Zdero para cumplir el fallo que ordena recomponer salarios docentes
El tribunal ordenó al Gobierno del Chaco restablecer el mecanismo de actualización salarial docente y le dio solo dos días para cumplir una sentencia dictada en 2025. Si no acata la decisión, el gobernador podría enfrentar sanciones económicas por cada día de demora.
La política salarial del gobierno provincial volvió a quedar bajo cuestionamiento judicial. La Cámara del Trabajo intimó al Ejecutivo del Chaco a restablecer la cláusula gatillo docente, tras constatar el incumplimiento de una sentencia que ordenaba actualizar los salarios según la inflación.
La resolución firmada por la jueza Silvia Cristina Suárez exige que la Provincia cumpla en un plazo de dos días con la sentencia dictada en octubre de 2025, que ordenaba recomponer el salario docente mediante la actualización del valor índice del escalafón educativo conforme a la variación del IPC nacional.
El fallo apunta directamente al corazón de la política salarial del gobierno de Leandro Zdero, que desde el inicio de su gestión decidió abandonar el mecanismo de actualización automática que protegía el poder adquisitivo de los docentes frente a la inflación.
Pero el punto más fuerte de la resolución es la advertencia judicial: si el Ejecutivo no cumple, se aplicarán multas por cada día de demora que recaerán de manera personal sobre el gobernador.
La decisión deja en evidencia la gravedad del conflicto salarial que atraviesa el sistema educativo chaqueño y refuerza las críticas sindicales hacia la política económica del gobierno provincial.
Para los gremios docentes, la eliminación de la cláusula gatillo implicó que los salarios volvieran a quedar sujetos a decisiones discrecionales del Ejecutivo, perdiendo una herramienta clave para defender el ingreso frente al aumento del costo de vida.
El fallo judicial no solo obliga al gobierno a revisar su estrategia salarial, sino que también expone una situación institucional delicada: la Justicia debió intervenir para exigir el cumplimiento de una sentencia que el Ejecutivo aún no ejecutó.
En un contexto de inflación persistente y creciente malestar en el sector educativo, la resolución judicial suma presión sobre la gestión de Zdero y abre un nuevo capítulo en un conflicto que amenaza con escalar en el ámbito sindical y político.