Grave denuncia contra la Policía del Chaco por un operativo violento contra niñas en la peatonal - EsChaco.com - Resistencia

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Miércoles, 25 de febrero de 2026

Grave denuncia contra la Policía del Chaco por un operativo violento contra niñas en la peatonal

Una niña de 12 años y dos adolescentes de 14 y 15 años fueron demoradas por personal policial en la peatonal de la ciudad de Resistencia, tras ser señaladas por un supuesto hurto en un comercio de la zona céntrica. Según la denuncia de sus familiares, fueron sometidas a malos tratos durante el procedimiento policial. Además, la requisa se realizó en plena calle y a la vista de la gente por lo que también fue una situación de exposición extrema de las adolescentes.

De acuerdo a la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ningún niño, niña o adolescente puede ser privado de su libertad de manera ilegal o arbitraria y intervención estatal debe garantizar su integridad física, psicológica y dignidad. No fue lo que ocurrió en este caso.

EL HECHO
Según lo que expuso la mamá de una de las niñas, el martes 10 de febrero, tres menores de 12, 14 y 15 años fueron víctimas de un “violento operativo policial” en la peatonal de Resistencia tras realizar compras legítimas en un comercio local.

Los efectivos policiales, que no contaban con identificación visible, las abordaron por la espalda sin mediar palabra, las zamarrearon y las acusaron falsamente de un hurto que nunca pudo ser comprobado. Durante el procedimiento en la vía pública, las niñas fueron obligadas a tirarse al piso, fueron fotografiadas y requisadas ante la mirada de la gente que circulaba por la peatonal, mientras los agentes intentaban impedir la comunicación con sus padres.

Al arribar los familiares, se encontraron con un despliegue desproporcionado de tres móviles y más de una docena de efectivos para custodiar a las menores aterradas.

La situación de vulneración de derechos se agravó durante el traslado y la permanencia en dependencias oficiales. En Medicina Legal, las menores fueron sometidas a un examen degradante donde se les exigió quedar semidesnudas frente a los agentes sin información clara ni consentimiento.

Posteriormente, en la Comisaría Segunda Metropolitana, el personal policial intentó alojarlas en celdas junto a adultos detenidos, exponiéndolas a agresiones verbales y sexuales de otros presos. A pesar de los pedidos de los padres para resguardar la integridad psíquica de las niñas, los efectivos respondieron con burlas y amenazas.

Finalmente, tras más de tres horas de privación ilegítima de la libertad, el oficial a cargo reconoció que las pruebas de video no mostraban ningún delito, procediendo a su liberación sin que existiera sustento para la acusación inicial.

Tras la tormentosa situación que atravesaron las adolescentes, los padres realizaron las denuncias correspondientes ante el Comité de Prevención de la Tortura, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia. Una de las mamás, además, realizó una denuncia ante el Órgano de Control Institucional (OCI), institución dependiente del Poder Ejecutivo provincial y encargada de investigar el (mal) accionar de agentes de las fuerzas de seguridad de la provincia. Todo está en proceso de investigación.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Desde el Comité indicaron a EsChaco que van a acompañar la investigación. También informaron oficialmente y solicitaron la intervención de la Subsecretaría de Niñez de la provincia, de la Asesoría de NNA y la Defensoría General, por considerarse un hecho de violencia institucional de gravedad por la edad de las víctimas.

“Frente a estos hechos, que de confirmarse podrían implicar la vulneración de derechos fundamentales, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Chaco se encuentra analizando las actuaciones correspondientes a fin de determinar eventuales responsabilidades institucionales y promover acciones que garanticen el respeto de los derechos de las niñas involucradas”, aseguraron.

Por otra parte, a través de un comunicado oficial, el Comité advirtió que toda intervención estatal que involucre a niñas, niños y adolescentes debe regirse por el principio de protección integral de derechos. En este sentido, la policía tiene la obligación de informar de manera inmediata al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, cualquier intervención que involucre a personas menores de edad, a fin de que sea dicho organismo quien determine las medidas de protección correspondientes.

Recordaron, además, que la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que: La detención de un niño o niña debe ser utilizada únicamente como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. Además, exige que toda persona menor de edad sea tratada con humanidad y respeto por su dignidad.

Asimismo, advirtieron que la exposición a contextos intimidantes, la falta de acompañamiento adulto o el contacto con personas adultas detenidas pueden constituir “tratos inadecuados, afectaciones a la integridad psíquica y vulneración de derechos fundamentales”.

MEDIDA JUDICIAL
Ante la viralización de imagenes de la propia Policía y de ciudadanos que pasaron por allí en el momento que las adolescentes eran requisadas, el Juzgado de Faltas de Resistencia dispuso el cese inmediato de toda publicación que contenga imágenes o referencias a dos adolescentes y una niña.

La jueza, Marcela Cortes, ordenó el cese inmediato de cualquier publicación que contenga imágenes o referencias a las menores involucradas, intimando a medios y ciudadanos a eliminar dicho contenido bajo apercibimiento de ley. Esta medida se fundamenta en la Ley Nº 20.056, que prohíbe difundir sucesos donde se exhiba a menores de 18 años vinculados a presuntos delitos. El incumplimiento podrá ser sancionado con hasta 120 días de arresto o multas económicas por infracciones como la difusión de noticias falsas o el hostigamiento digital. Finalmente, se solicitó la colaboración de la Cámara de Comercio de Resistencia para garantizar que los locales de la zona céntrica cumplan con este resguardo de derechos.

Este hecho es el ejemplo de que el discurso de criminalización de las infancias y de adolescentes cala en lo profundo de la sociedad y también de los agentes de nuestras fuerzas de seguridad. Aunque la ley de baja de imputabilidad aún está en debate, la falsa idea de que las y los adolescentes están vinculados con la delincuencia la está instalada y genera el accionar violento de una Policía que lejos de contener, garantizar seguridad y oficiar de mediador en la sociedad, se convierte en la ejecutora de las violencias, en este caso, contra tres adolescentes mujeres.