Viernes, 9 de Enero de 2026
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Por Grupo Intersectorial General San Martín
Viernes, 9 de enero de 2026
¿Salud con recortes?: Las sombras sobre el INSSSEP y el rediseño del Plan Cardio
En los últimos dos años, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco (INSSSEP) ha estado en el centro de un creciente debate público por decisiones administrativas y planteos de afiliados que ponen en cuestión la efectiva garantía de los derechos básicos de salud.



Entre los temas sensibles figura el “rediseño del Plan Cardio”, programa de cobertura para pacientes con enfermedades cardiovasculares, así como la gestión de prestaciones esenciales y el tratamiento de afiliaciones cuestionadas.

Del empadronamiento al rediseño: ¿un paso hacia la eficiencia o hacia el recorte?

En julio de 2025, el INSSSEP finalizó el empadronamiento del Plan Cardiovascular, una acción que el organismo presentó como clave para “garantizar la continuidad de los tratamientos” y optimizar los recursos destinados a afiliados con patologías cardíacas; este empadronamiento debía ser realizado por el cardiólogo de cabecera. Sin embargo, al iniciarse 2026, la nueva conducción del Instituto anunció un “proceso de revisión y rediseño del Plan Cardio”, desde una narrativa oficial que busca justificar el ajuste en términos de eficiencia y sustentabilidad financiera. El foco: que la cobertura total de medicamentos y tratamientos —que en su etapa anterior incluía acceso pleno a prácticas diagnósticas y fármacos esenciales— implica un alto impacto económico para el sistema sanitario. Dicho en criollo, para las autoridades del INSSSEP, la salud es un gasto, no una inversión destinada a cuidar la salud de la población.

El problema principal no está solo en la intención de modificar el programa, lo más controversial es el cambio de modelo de cobertura, que reduce la cobertura total a una del 50 %, dejando a los afiliados con mayores costos y menor accesibilidad. Esta modificación contradice el espíritu de universalidad sanitaria y amenaza la continuidad terapéutica de miles de pacientes crónicos.

Especialistas en salud pública advierten que, si bien la evaluación de resultados es una herramienta legítima en la administración de programas sanitarios, no puede justificarse como argumento para recortes encubiertos cuando faltan mecanismos claros de transparencia y participación de los afiliados en las decisiones que afectan directamente sus coberturas.

Afiliaciones y saneamiento administrativo: ¿transparencia o pérdida de derechos?

En abril de 2024, la gestión encabezada entonces por Irene Dumrauf informó la detección de 1.414 afiliados con doble cobertura de obra social e ingresos, señalando que daría de baja dichas afiliaciones por contravenir la normativa vigente. Si bien la intención de sanear padrones puede considerarse una acción administrativa necesaria, la pregunta que surge es si dicho proceso se realizó con controles de comunicación efectivos y garantizando la continuidad de las prestaciones para quienes pudieran haber sido erróneamente categorizados. Es de hacer notar que a estos afiliados se les practicaban los correspondientes descuentos para poder acceder a los servicios del INSSSEP.

La baja de afiliaciones ha sido percibida por algunos sectores como una medida abrupta sin los debidos mecanismos de apelación individuales, lo que generó inquietud y sensación de inseguridad respecto de la estabilidad de la cobertura social, en momentos en que los recursos para la salud pública son ya escasos.

El reclamo de afiliados: falta de medicación y demoras graves

Sumado a estos cuestionamientos programáticos y administrativos, afiliados al INSSSEP han expresado su descontento de manera pública por problemas en la distribución y entrega de medicamentos a pacientes con múltiples enfermedades crónicas, demoras que llegan a más de un mes, cuando se trata de medicamentos esenciales para diversos tratamientos.

Este tipo de reclamos reflejan una realidad más amplia: no basta con rediseñar programas si persistieren fallas operativas en la logística de provisión de insumos esenciales, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. La demora en la entrega de fármacos oncológicos y para pacientes diabéticos había sido objeto de advertencias públicas incluso por parte de organismos como la Defensoría del Pueblo, que señaló que la falta o parcial entrega de medicamentos y la escasez de información precisa generan incertidumbre y agravan la atención de pacientes.

Transparencia, rendición de cuentas y derechos en juego

Para la comunidad chaqueña, la acumulación de estos hechos —el ajuste en un programa clave de salud pública, la baja de afiliaciones en masa y las quejas por demoras de medicamentos— plantea un interrogante fundamental: ¿está el INSSSEP priorizando la sustentabilidad financiera por sobre la garantía efectiva del derecho a la salud de sus afiliados?

Las autoridades del organismo argumentan que las medidas responden a criterios técnicos de eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, la falta de mecanismos claros para evaluar impactos sanitarios, la percepción de decisiones centralizadas sin participación de los actores afectados, y los reclamos de afiliados insatisfechos muestran un déficit de transparencia y gobernanza sanitaria que exige respuestas más concretas y compromisos públicos de mejora.

Mientras tanto, miles de afiliados esperan que las decisiones administrativas no resulten en recortes reales en sus coberturas y acceso limitado a tratamientos esenciales, reclamando no sólo ajustes internos sino mayor acompañamiento, información accesible y políticas de salud centradas en la persona y no solo en las cuentas del sistema.

Grupo Intersectorial General San Martín

General José de San Martín (Chaco), 09/01/2026


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