VETÓ EL PROYECTO ORIGINAL Y LA CÁMARA SE LO ACEPTÓ
Lunes, 8 de diciembre de 2025
Zdero metió la mano: menos plata para los estatales que opten por el retiro voluntario
El gobernador redujo fuertemente los porcentajes aprobados inicialmente por la Legislatura. Los montos finales son significativamente menores en un contexto de crisis, desempleo y salarios que no alcanzan para vivir.
El gobernador Leandro Zdero impuso un veto parcial que recortó sustancialmente los beneficios de la ley de Retiro Voluntario Móvil (RVM) para empleados públicos chaqueños.
La comparación entre el proyecto original y el texto vetado y luego aceptado por la misma Cámara de Diputados revela reducciones que, en algunos casos, alcanzan una décima parte de la compensación prometida.
El recorte más abrupto se da en dos tramos: agentes de hasta 45 años; y de 46 a 50 años con 26 o más años de aportes tendrán un recorte del 10% en lo que inicialmente se había propuesto.
De esta manera, empleados en esta condición y que se acojan al RVM pasarán de percibir, en el primero de los casos, el 60% de sus haberes actuales (contra el 70% inicial), y en el segundo, 65% (que baja del 75% original).
“La Legislatura aceptó el veto de Zdero a una parte de la ley y con la modificación impuesta por el gobernador, bajó entre un 5% y 10% de lo que se había aprobado”, expresó una fuente gremial consultada por Es Chaco.
“Se había fijado anteriormente que alguien con 50 años y 25 años de aportes cobraría el 80%, casi lo mismo que estar jubilado; esto finalmente no será así”, agregó.
Los agentes de hasta 45 años que tengan entre 10 y 25 años de descuentos previsionales, en tanto, resignarán un 5% extra. Lo mismo sucerá con empleados de entre 46 y 50 años de vida con esa misma cantidad de aportes; igualmente con aquellos de más de 50 años con entre 10 y 25 años de aportes.
El único estrato etario que no cayó en la volteada de Zdero son los que tienen más de 50 años de edad pero con solamente entre 10 y 19 años de descuentos jubilatorios.
En el veto, la justificación del Poder Ejecutivo apunta a la "viabilidad" del régimen y a una nueva imputación de gastos por jurisdicción, pero el resultado concreto es un menor ingreso para los trabajadores que, en medio de una crisis económica, desempleo creciente y una profunda precarización, consideran esta opción como una salida.
Con la aceptación del veto por la Cámara de Diputados, el régimen queda con beneficios sensiblemente menores a los originalmente votados, generando incertidumbre y desincentivando el retiro de la planta permanente estatal en una provincia con graves problemas laborales y salariales.