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Lunes, 3 de noviembre de 2025

Zdero desactiva la interpretación en lengua de señas en el canal estatal: un golpe a la accesibilidad y a la inclusión

Desde el 1 de noviembre de 2025, el canal estatal Somos Uno (ex Chaco TV) dejó de contar con el servicio de interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA), tras una decisión de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del gobierno provincial. La medida implica el cierre de un espacio de accesibilidad comunicacional sostenido durante más de cuatro años por la Asociación Civil de Docentes e Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (ACDILSA), reconocida por su trabajo profesional y su vínculo con la comunidad sorda.

La interrupción del servicio no solo representa una pérdida concreta para miles de personas sordas que accedían a la información pública a través de intérpretes y asesores sordos capacitados, sino que también revela una preocupante falta de compromiso institucional con los derechos comunicacionales y la inclusión. En un contexto donde la accesibilidad debería ser ampliada y garantizada como política de Estado, el gobierno de Leandro Zdero opta por desmantelar una herramienta clave para la democratización de la información.

Desde ACDILSA, se reafirmó el compromiso con la accesibilidad y el reconocimiento del rol profesional de intérpretes y mediadores sordos, pero se lamentó profundamente la decisión gubernamental. El canal estatal, que debería ser ejemplo de pluralidad y equidad, pierde así una de sus funciones más valiosas: ser verdaderamente público.

La medida se inscribe en una serie de recortes que afectan directamente a sectores vulnerables y a políticas de derechos humanos. En este caso, se invisibiliza a una comunidad históricamente excluida del acceso a la información, y se desconoce el valor de un trabajo sostenido, profesional y comunitario que había logrado posicionar a Chaco como una de las pocas provincias con interpretación en LSA en medios estatales.

La pregunta que queda flotando es clara: ¿qué lugar ocupa la accesibilidad en la agenda estratégica del gobierno provincial? Y más aún, ¿qué mensaje se envía cuando se decide que el derecho a entender y ser entendido ya no es prioridad?

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