Una plaza vallada: cuando lo público se privatiza para silenciar el disenso
EDITORIAL ESCHACO - La visita del presidente Javier Milei a Resistencia, Chaco, dejó una postal inquietante: la Plaza Belgrano, corazón cívico de la ciudad, fue transformada en un perímetro blindado, inaccesible para la ciudadanía. Bajo la orden del ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el acto presidencial fue declarado “evento privado”, justificando así un operativo policial que impidió el libre tránsito y bloqueó cualquier intento de manifestación pacífica.
La paradoja es evidente. ¿Cómo puede considerarse privado un acto realizado en una plaza pública, financiado con recursos estatales y protagonizado por funcionarios electos y otros en campaña?. La respuesta, para muchos, no está en la legalidad sino en la intencionalidad: blindar al presidente de expresiones de repudio y descontento social.
Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, colectivos de jubilados y trabajadores denunciaron que el cerco policial constituyó una forma de censura activa. No hubo represión directa, pero sí una estrategia preventiva que desactivó la protesta antes de que pudiera desplegarse. El resultado: un retroceso alarmante en el ejercicio de derechos conquistados, y una señal preocupante sobre el rumbo institucional.
La plaza, históricamente espacio de encuentro, reclamo y celebración democrática, fue convertida en un enclave cerrado. El mensaje es claro: lo público puede ser privatizado cuando el poder lo decide. Y quienes pretendan expresar disenso, deberán hacerlo lejos, en silencio, o bajo riesgo de criminalización.
En tiempos donde la democracia se mide no solo por el voto sino por la calidad del debate público, impedir la protesta es mucho más que un gesto autoritario: es una forma de gobernar sin escuchar.