El intento de anulación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, para mejorar las pensiones y la atención a personas con discapacidad no es un hecho aislado. Se enmarca en una política general que, según denuncian familiares, vulnera sistemáticamente sus derechos y los somete a una situación de extrema precariedad. El impacto no se limita a la pérdida de un beneficio económico, sino que amenaza todo el ecosistema de apoyo que sostiene a una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país.