Comisión investigadora $LIBRA: podrá usar la fuerza pública para citar a funcionarios - EsChaco.com - Resistencia

Malas noticias para el Gobierno

Martes, 2 de septiembre de 2025

Comisión investigadora $LIBRA: podrá usar la fuerza pública para citar a funcionarios

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA aprobó su reglamento interno y avanza con una agenda que incluye posibles allanamientos, uso de la fuerza pública y citaciones a funcionarios de primera línea.

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA aprobó su reglamento interno y avanza con una agenda que incluye posibles allanamientos, uso de la fuerza pública y citaciones a funcionarios de primera línea.

Nota enhttps://t.co/KgF9fTadSO pic.twitter.com/aOOHAEaLv1
— Eschaco.com (@Eschaco) September 2, 2025

Aunque por ahora se evitó convocar directamente al presidente Javier Milei, se le enviará un cuestionario con preguntas formales que deberá responder por escrito en un plazo de cinco días hábiles.

En su primera reunión tras la designación de Maximiliano Ferraro como presidente, la Comisión Investigadora del caso $LIBRA aprobó por mayoría su reglamento interno. Los 14 diputados de la oposición que integran la comisión votaron afirmativamente, mientras que el oficialismo y sus aliados decidieron no emitir voto como muestra de su impugnación y luego se retiraron de la reunión. Solo Mariano Campero y Yolanda Vega se abstuvieron.

El reglamento aprobado habilita a la Comisión, con aval judicial, a solicitar el uso de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios públicos citados a declarar. También, contempla la posibilidad de realizar allanamientos o secuestrar documentación, siempre que estas medidas estén respaldadas por elementos de prueba concretos.

Estas herramientas —habituales en comisiones investigadoras— podrían utilizarse, por ejemplo, para garantizar la comparecencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales figuras que la oposición pretende interrogar por su rol en la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

Además de Karina Milei, la oposición aprobó citar al vocero presidencial Manuel Adorni; al ex jefe de Gabinete de Asesores Demian Reidel; al actual jefe de Gabinete Guillermo Francos; a Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores; a los organizadores del Tech Forum, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli; a María Florencia Zicavo, ex titular de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación; a Alejandro Melik, actual titular de la Oficina Anticorrupción; a los ex funcionarios de la OA Luis Villanueva y José Massoni; al actual titular de la CNV, Roberto Silva; al representante de la Unidad de Información Financiera Paul Starc; y a Giselle Castelnuovo, ex subsecretaria de Asuntos Públicos.

El diputado de Izquierda Christian Castillo propuso citar al presidente Javier Milei, pero la mayoría resolvió no avanzar por el momento con esa citación directa. En cambio, se acordó enviarle un oficio con preguntas escritas, que deberá responder en un plazo de cinco días hábiles.

Oscar Agost Carreño solicitó oficiar a las exchanges involucradas en el pool de liquidez, con el objetivo de rastrear 109 transferencias vinculadas a $LIBRA y vincular billeteras con identidades específicas.

Por su parte, la diputada Mónica Frade propuso la creación de una subcomisión especial de cinco diputados, que pueda constituirse en el juzgado de la jueza María Servini, para preservar el acceso a información que eventualmente pudiera estar bajo secreto de sumario.

En paralelo, el diputado Juan Marino presentó una batería de pedidos de informes dirigidos a distintas dependencias del Estado. Solicitó datos sobre ingresos y reuniones de empresarios vinculados a $LIBRA en Casa Rosada y Olivos, documentación de encuentros con Javier y Karina Milei, información técnica sobre la publicación del Presidente en la red social X, el expediente completo de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación, y los dictámenes de la Oficina Anticorrupción vinculados al Decreto 114/2025. También pidió las transcripciones de las audiencias informativas con expertos realizadas en febrero y junio de este año.

Investigarán si el hackeo a la cuenta de Espert fue parte de la estafa $LIBRA

La Comisión avanzará sobre un nuevo eje de investigación vinculado al diputado oficialista José Luis Espert. Rodolfo Tailhade propuso incorporar como línea de trabajo el análisis del supuesto hackeo de su cuenta de la red social X en marzo de este año, hecho que podría estar relacionado con la continuidad de la estafa iniciada en febrero con la criptomoneda $LIBRA.

La intención es determinar si el episodio fue utilizado para manipular o desinformar a través de su perfil, y si formó parte de la misma operación de ingeniería digital y política denunciada por la oposición.

En ese marco, Tailhade planteó solicitar al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 copias certificadas de la causa judicial 1136/2025, caratulada “Espert, José Luis s/ denuncia por violación de sistema informático”. Además, se propondrá oficiar a la empresa X (X.Corp) para que brinde detalles sobre la denuncia realizada por Espert, confirme si se comprobó efectivamente la pérdida de control de su cuenta verificada (@jlespert) y precise la fecha en que fue recuperada. También se solicitarán las actuaciones internas realizadas por la plataforma a raíz del hecho.

¿Qué más dice el reglamento interno de la Comisión $LIBRA?
El reglamento aprobado por la Comisión Investigadora establece el marco operativo para indagar los hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA. Su objetivo principal es determinar responsabilidades políticas en la promoción y difusión del proyecto, que derivó en pérdidas millonarias.

Entre sus facultades, la Comisión podrá solicitar informes, tomar testimonios, recibir denuncias, acceder a causas judiciales —incluso bajo secreto de sumario— y requerir peritajes a instituciones especializadas. También, podrá pedir la intervención de la Justicia para impedir que personas clave salgan del país, ordenar allanamientos, o solicitar el uso de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios, siempre con aval judicial.

Las declaraciones testimoniales deberán ser presenciales y orales, salvo excepciones justificadas, y podrán ser tomadas por subcomisiones en caso de impedimentos logísticos. Además, se prevén mecanismos como los careos, cuando haya contradicciones entre testimonios relevantes.

El funcionamiento general será coordinado por el presidente de la Comisión, quien definirá el calendario de reuniones y diligencias. Las respuestas a los requerimientos deberán ser entregadas en un plazo de cinco días hábiles, salvo casos excepcionales. El trabajo de la Comisión concluirá el 10 de noviembre de 2025 o cuando se agote el objeto de la investigación. En cualquiera de los dos casos, deberá presentar un informe final público ante la Cámara de Diputados.