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Viernes, 18 de julio de 2025

Se perderían 90 empleos por el conflicto entre el Municipio de Resistencia y comerciantes por la quita de balcones gastronómicos

Empresarios del rubro gastronómico rechazaron la orden municipal que exige remover las estructuras instaladas sobre la calzada y propusieron modificar el Código de Tránsito. Aseguran que si se concreta la medida, se perderían hasta 90 empleos.

El conflicto entre el sector gastronómico y la Municipalidad de Resistencia sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando representantes de bares y restaurantes locales brindaron una conferencia de prensa para oponerse al retiro de los balcones gastronómicos, estructuras que actualmente ocupan parte de la vía pública y fueron habilitadas durante la pandemia.

Los empresarios no solo cuestionaron la medida, sino que propusieron una alternativa: reformar el Código de Tránsito para permitir su permanencia legal. Señalaron que, de avanzar con la remoción, se perderían entre 80 y 90 puestos de trabajo, afectando a empleados que dependen de esos espacios para sostener la capacidad operativa de los locales.

“Sacar siete balcones no va a mejorar el tránsito, pero sí va a golpear al que invirtió en esta ciudad”, expresó Matías Rafart, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco. El empresario pidió al municipio “acompañar al que apostó por Resistencia”, y afirmó que los espacios forman parte de la identidad urbana.

Desde el sindicato UTHGRA también se pronunciaron en contra de la medida. Juan Godoy, delegado local, remarcó que no hubo siniestros vinculados a estas estructuras y defendió su función: “Embellecieron la ciudad, generaron riqueza y siguen siendo útiles para sostener distancias en contextos sanitarios complejos”.

Además, los referentes del sector criticaron la “doble vara” de los controles municipales, apuntando que otros rubros como la venta callejera o los alojamientos informales no enfrentan las mismas exigencias.

Del lado del Ejecutivo, el secretario de Economía, Ricardo Roffé, justificó la decisión. “La resolución que autorizaba los balcones respondía a una emergencia sanitaria que ya no existe”, dijo, y agregó que la actual normativa municipal contraviene el Código de Tránsito, que establece la libre circulación en la vía pública.

Además, aseguró que la mayoría de las estructuras no fueron habilitadas formalmente y que “solo uno de los comerciantes cumplió con todos los requisitos”. Por último, minimizó el impacto de la medida: “Estamos ordenando la ciudad. No se trata solo de diez personas”, informa Perfil.