Chaco y Corrientes conmemoraron el Día de apoyo a las víctimas de tortura - EsChaco.com - Resistencia

Comités provinciales de Prevención de la Tortura

Sábado, 28 de junio de 2025

Chaco y Corrientes conmemoraron el Día de apoyo a las víctimas de tortura

El 26 de junio es el Día de apoyo a las víctimas de tortura, por tal motivo, ayer se llevó a cabo el encuentro mixto (presencial y con modalidad virtual) Obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos: La reparación a las víctimas de tortura en el Edificio Histórico del Salón Azul, en la ciudad de Corrientes con diversas disertaciones de especialistas y referentes e intercambios en torno a la temática.

El 26 de junio es el Día de apoyo a las víctimas de tortura, por tal motivo, se llevó a cabo el encuentro mixto (presencial y con modalidad virtual) Obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos.

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En el encuentro participaron los Comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen y Natalia Gabellini y disertaron los abogados Guillermo Romero (Cátedra de Derecho Penal, Facultad de Derecho, UNNE); Sebastián Pacilio (magister en criminología Universidad del Litoral y secretario en la justicia federal en lo criminal y correccional de Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Claudia Korol integrante del Equipo de Educación Popular “Pañuelos en Rebeldía”. Jorge Isetta y Sofia Domínguez (presidente e integrante del Comité para la Prevención de Tortura de Corrientes respectivamente) también formaron parte de las mesas, mientras que por el Comité de la prevención de la tortura de Chaco estuvieron Bashe Charole (presidenta); Ariela Álvarez (vicepresidenta) y Roberto Sotelo coordinador del área jurídica.

Nielsen destacó los 15 mecanismos locales de prevención a nivel nacional acerca de la tortura mientras que Ariela Álvarez resaltó la reciente firma entre Los Comité provinciales de Prevención de la Tortura de Chaco y Corrientes “convenio para encarar estos espacios con una mirada regional en vistas de la prevención”, detalló.

El primer panel: Marco Normativo del Delito de Tortura estuvo a cargo de Guillermo Romero de la Cátedra de Derecho Penal (Facultad de Derecho; UNNE). Allí el abogado compartió conceptos de tratados internacionales sobre la prohibición genérica de la tortura, diferentes jurisprudencias de la Corte Interamericana del delito de tortura.

Además, puntualizó Instrumentos internacionales en torno a los Derechos humanos como la Declaración Universal (1948); la Convención Americana de Derechos Humanos (1969); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos (1996) y el Estatuto de Roma (1998) y se refirió a Convenciones Internacionales que obligan a penalizar la tortura como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU) y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Romero recordó que “se entiende como tortura a todo acto en el que se infiltra padecimiento, sufrimiento físicos y mentales graves” y desarrolló la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) detallando el fallo “Bueno Alves vs. Argentina” del año 2007 en analogía con el caso “Bayarri” del año 2008. A la vez recordó casos emblemáticos en torno a la reparación como la Jurisprudencia De la Corte IDH sobre tortura contra Argentina del fallo “Mendoza y otros vs. Argentina” (2013).

La mesa “El rol de los Mecanismos Locales de Prevención (MLP) frente al deber de reparación en los casos de Torturas” estuvo a cargo de Jorge Isetta (presidente del Comité para la Prevención de Tortura de Corrientes). En ella, Isetta abordó la Resolución 52/149 de la Asamblea General de Naciones Unidas. “El delito de tortura viola uno de los principales contratos sociales que tiene el ciudadano el estado, y la violación por parte del estado de esta prohibición hace que aparezca la prohibición de los estados para que existan mecanismos de control para erradicar las torturas”, señaló.

A la vez, Isetta celebró que “tanto en Chaco como en Corrientes contribuimos con éxito que estos delitos se investiguen y en muchos casos se logren condenas. Nos queda pendiente la reparación a las víctimas, pero es una lucha que llevamos a cabo desde hace muchos años”.

En dicho panel también disertó Sofia Domínguez, abogada que asumió en mayo de 2025 en el Comité para la Prevención de Tortura de Corrientes). La magistrada se refirió a las personas en conflicto con la ley penal y su alojamiento en instituciones de salud mental mediante la imposición de medidas de seguridad. Pormenorizó la gravedad que se desprende en torno a que ingresan sin criterios a dichos dispositivos de encierro y no hay control. “Hay personas que están hasta 27 años alojadas en unidades penitenciarias donde no se cuentan con tratamientos adecuados y afectan todos los principios constitucionales. Ingresan sin ninguna fundamentación y que para que egresen se exigen un montón de requisitos”.

Recordó que el pasado 6 de junio constataron “que un interno con la pena cumplida desde 2021 está privado de la libertad, pero como no tiene recursos económicos ni familias referentes no puede salir”. Enumeró las personas que “en total alienación no saben cómo vincularse” y que dicha “pérdida de vínculo se da porque la internación no cumple con ningún estándar”. En torno a ese aspecto “proponemos que se genere ese dispositivo de egreso y políticas públicas con instituciones nacionales, provinciales, como SEDRONAR o MÁS VIDA para el abordaje terapéutico”.

A su turno, Bashe Charole (presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco) se refirió al impacto de la falta de reparación en las comunidades indígenas y subrayó que “Chaco es la única provincia que cuenta con el área de Pueblos indígenas porque es una decisión política por parte de la conducción de los Comisionados”.

“Existen leyes pero en materia de hecho jurídico para nosotros (las comunidades qom, wichi y moqoit) es letra muerta si en la práctica no las vemos reflejada con hechos concretos. Ayer estuvimos en El Impenetrable y la policía sigue ensañándose con las comunidades. Un joven y un adulto fueron reprimidos por portación de rostro”, puntualizó.

“Hoy, lejos de la reparación se aboga por la punitividad. Hoy, el estado argentino está discutiendo la baja de edad de punibilidad en vez de la reforma”, dijo en el panel titulado “La reparación como obligación del Estado (PPN)”, el abogado y auxiliar docente de la UBA, Sebastián Pacilio. El letrado se refirió a la reparación en casos de tortura y a las obligaciones del estado desde la práctica y desde el derecho, y coincidió con Charole en torno a “que el derecho internacional y nacional se quedan muy cortos si hablamos de reparación de tortura a grupos de vulneración”.

El Magister en criminología (Universidad del Litoral) explicó que “la tortura es una experiencia de muerte y la muerte es irreparable. Es un quiebre de la subjetividad de la persona”. Además, insistió con que una de las grandes falencias vigentes es que “el principio de imparcialidad tampoco se cumple porque los médicos forman parte de las agencias penitenciarias muchas veces son los perpetradores de la tortura”.

El también Secretario en la Justicia federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, Sebastián Pacilio, recordó “La importancia de los juicios para víctimas, testigos y su familia como una instancia catártica”, ya que “ser vistos, escuchados en público, que sus voces sean respetadas” responde a “que su palabra pueda producir efectos concretos”. Y parafraseando a una pensadora concluyó “Si la tortura destruye al lenguaje escuchar a la víctima es una restitución”.

Por su parte, la investigadora, Claudia Korol, integrante del Equipo de Educación Popular “Pañuelos en Rebeldía” entidad que acompañó la situación del caso de Leandro Bravo, se refirió al rol del Poder Judicial que “legitima y naturaliza comportamientos” de violaciones de derechos.

“Muchos chicos se acercaron a decirnos que era costumbre que los llevaran a un campito y la policía los maltratara”, por lo tanto “además de la reparación es necesario ver cómo hacer para que se eviten este tipo de torturas”, sostuvo la educadora popular.

“Llegar a la instancia de reparación es cuando ya ha sucedido necesitamos que se sepa que no se puede aceptar que las fuerzas de seguridad actúen de esa manera”, concluyó Claudia Korol.