Emergencía Pública ocupacional: ¿un avance al diálogo social para el trabajo docente o un retroceso republicano?
Este viernes pasado 13/12/19 se publicó el DNU 34/19 por el cual se “Declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto… “, del cual hare a continuación un sintético análisis
Efectos del DNU: 1) En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización, POR EJEMPLO: si la trabajadora o trabajador fueron despidos sin motivos o invocados los mismos no fueron acreditados en juicio, y le corresponde percibir una indemnización equivalente a $250.000, por imperio del presente decreto la misma alcanzaría la suma de $500.000.
2) El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
3) Se da cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN para su tratamiento.
Las motivaciones del DNU se refieren a la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral (septiembre 2018 frente a septiembre 2019), sumado a la interesante exhortación a construir un diálogo social, lo cual requiere que el presente DNU34 sea analizado en contexto con el decreto 33/19 que: Convoca al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a Sesiones Extraordinarias desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
El dilema planteado, encontrará respuestas en lo que resta del año, y en los resultados de la gestión, atento que en forma inexorable se tratará el presente DNU en el CONGRESO NACIONAL, en las sesiones extraordinarias del 13 a 31 de diciembre, con lo cual, entendemos que la ratificación será cuasi unánime e implicará una senda de diálogo social, en la medida que las principales fuerzas vivas fueran convocadas, entre ellas CGT, UIA, Iglesias, Universidades y Partidos Políticos, para de una vez por todas, iniciar un proyecto de país que incluya al TRABAJO DECENTE como política de Estado y una realidad para todos o de lo contrario será un nuevo retroceso Republicano.