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Chaco se adhiere a la Ley Nacional 26.860
Jueves, 6 de junio de 2013
El Poder Ejecutivo envía a Diputados un proyecto de adhesión a la ley de blanqueo de capitales
El gobernador Jorge Capitanich enviará un proyecto de ley a la Cámara de Diputados del Chaco a partir del cual la provincia propone su adhesión a la norma conocida como “blanqueo de capitales”, promulgada y publicada en el Boletín Oficial de la Nación.




A partir de este proyecto, la provincia del Chaco se adhiere a la Ley Nacional 26.860, de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior. Entre sus considerandos, el proyecto establece la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir el “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)”, y el “Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico”, destinados, exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos.

Asimismo la citada norma dispone que las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, podrán exteriorizar voluntariamente la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, previéndose la reglamentación para su aplicación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Finalmente, el proyecto establece que las disposiciones de la Ley 26.860 son de orden público, conforme lo prescribe su artículo 21 (“Las disposiciones de la presente ley son de orden público y entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial”).

A nivel nacional, la ley de blanqueo de capitales ya entró en vigencia a partir de la promulgación de la ley 26.860 el pasado viernes 31 de mayo y su publicación el 3 de junio en el Boletín Oficial de la Nación, con las firmas de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. A través del decreto 642/2013, se establece que el blanqueo tendrá vigencia por tres meses, pero que el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo.


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