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Por Lic. Bernardo Dikstein
Domingo, 13 de septiembre de 2015
Tarjeta vida=Clientelar e inviable
Atento la polémica propuesta de la candidata del Frente Vamos Chaco sobre la implementación de la TARJETA VIDA, y que fuera sostenida en el debate propiciado por los candidatos a la gobernación de nuestra provincia, he elaborado el presente documento para compartir con nuestra ciudadanía.

De acuerdo a datos oficiales sobre la disponibilidad presupuestaria provincial del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, en el período 2015 se dispondrá de un total de $ 1.160.675.509,70, lo que revela que las propuestas de la Ing. Aída Ayala no podrían ser implementadas. Además de proponer políticas que son incluso más profundas que las que su propio partido repudia por clientelares, la candidata plantea una provincia que sería conducida al colapso económico.

La “Tarjeta Vida”, es un ejemplo de política coyuntural, que ataca una necesidad inmediata pero que no tiene visión de progreso para las familias, al no atacar las cuestiones estructurales que provocan la insuficiencia de los ingresos de las mismas. En el aspecto económico también marca una inconsistencia para llevarla a cabo, porque desatiende gastos fundamentales para la administración de la cartera pública a saber:

1) El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social incluye gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y Transferencias Sociales Directas (las cuales se destinan a la gestión social: pago de becas, pensiones, asignaciones, pago a cooperativas, ayudas sociales, etc.), que para el presente ejercicio 2015, en su conjunto conforman el crédito presupuestario mencionado más arriba.

2) Las Transferencias corrientes y de capital específicamente, fueron presupuestadas en $ 787.240.331 y la incorporación de la “Tarjeta Vida” (asumiendo que tendría un alcance de 150.000 beneficiarios aproximadamente conforme lo propuesto, -y asumiendo que lo expresado por la candidata a la gobernación fue un error involuntario dada la tensión propia del debate, cuando manifestó un alcance de 300.000 personas-), requerirá un aumento del presupuesto, y cuya fuente de financiamiento mencionada en otro pasaje del debate no aclaró su origen. Limitándose a mencionar en forma imprecisa “otras fuentes” de financiamiento, es necesario hacer el siguiente cálculo:

La asignación que propone Ayala sería entonces de $750/mes alcanzando a 150.000 beneficiarios, lo cual totalizaría una suma anual de $1.350.000.000. Anteriormente, decíamos que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, para atender todo su funcionamiento, interno y las prestaciones sociales alcanza a $ $1.160.675.509,70. Tan solo con la medida propuesta estaríamos en presencia de un déficit de $189.324.490,30 en relación a lo que se prevé en el año. Siendo así, quedarían fuera de presupuesto los gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales y transferencias corrientes y de capital a los sectores públicos y privados de la provincia (Ej. raciones a comedores, que en otra propuesta la Sra. Ayala afirma incrementara también...como se observa ya sin presupuesto).

Claramente se infiere que el presupuesto actual no sería suficiente para adoptar esta medida. Asimismo, especulando que Ayala tenga habilidad para conseguir financiamiento de otras fuentes, la “Tarjeta Vida” es inviable como política de desarrollo,; es una medida de contención social que sólo atiende situaciones temporarias. Medidas como estas, sólo garantizan clientelismo y bajos incentivos a las personas para generarle verdadera inclusión social.

Este proyecto político dice impulsar mejores condiciones para las familias con las asignaciones sociales, pero lo que puede observarse en el análisis es que estas propuestas terminarán perjudicando a las familias, que no podrán contar con un Estado presupuestariamente eficaz y eficiente para invertir en la mejora de los servicios esenciales que garantizaren una mejora en la calidad de vida de los sectores asistidos, o a asistir.

Complementariamente a ello, estas asistencias no exigen una contraprestación, que incentive a comprometerse con la educación, el empleo; o la salud, deteriorando así la integridad de las personas, conformándolas con una simple ayuda y no atendiendo las problemáticas de raíz.


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