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Por Marilyn Canata
Miércoles, 15 de julio de 2015
La inseguridad y las irregularidades de Churín
Hace unos días, conocíamos el caso de un joven de 18 años, que siendo demorado por un supuesto delito que finalmente se comprobó que no cometió, fue brutalmente golpeado e insultado en la comisaría de Quitilipi. A su caso, se sumaron otros, que daban cuenta, que quizás esto no era un hecho aislado y que muchos sufrirían el abuso de poder, de quien debería velar por la seguridad de la localidad.

El Comisario Ceferino Sánchez, hoy está siendo investigado por supuestos apremios ilegales, la negativa a recibir denuncias sobre violencia de género en unidad policial a su cargo y malversación de fondos públicos. Sánchez, tenía firmado su traslado por Disposición N° 0823/2015 de fecha 28 de mayo de 2015, debería haber estado cumpliendo funciones como Supervisor de Zona VII Interior.

La seguridad es un tema principal en la agenda de cualquier gobierno, sin embargo, a diferencia de lo que dice la lógica, alguien que debería ser ejemplo, hoy es indagado por lo contrario. Quisiera saber las razones por las cuales no se hizo efectivo el traslado en tiempo y forma, si se tenían datos que esto ocurría en esa dependencia policial, o porque no se hizo nada cuando el 9 de mayo, en esa misma comisaría un adolescente de 16 fue golpeado y su madre lo hizo público, a tal punto que fue recibida personalmente por el Secretario de Seguridad, con lo cual, el secretario, no podía desconocer lo que allí sucedía.

Al día dela fecha, Sánchez sigue cumpliendo funciones en la comisaría de Quitilipi; es el único caso en la provincia, que un Comisario Mayor este a cargo de la misma. Por qué lo protegen para que siga ahí? Por qué no se cumple con lo ordenado? Quizás a algunos les conviene que siga en Quitilipi.

Cuantiosa información podría vincular al Secretario de Seguridad con acciones irregulares y numerosas falencias en su función. Y son ellos quienes deben explicar, si existía o no connivencia entre ambos. Estas situaciones se repetirían en localidades como Villa Angela y Castelli, cuyas autoridades gozarían de la protección del Secretario de Seguridad.

La inseguridad genera un profundo malestar en la población, pero si las decisiones fueran tomadas con un verdadero afán de combatirla, el resultado sería muy diferente.

Como saenzpeñense, al igual que los habitantes de mi ciudad, necesitamos las explicaciones pertinentes, porque la inseguridad aumenta, y se está muy lejos de los objetivos prometidos.
Quisiera saber, los detalles de la contratación para la edificación de la comisaría Quinta del barrio San Cayetano de Sáenz Peña, construcción que realizó la Cooperativa Tupac Amaru, en solo seis días; a quien pertenece el terreno donde se construyó la misma, si se pagó por el mismo, cual es valor total de la construcción.

Aparentemente, la dependencia policial se construyó en un terreno que cuyos últimos registros datan del año 56, y no se tendrían los títulos que acrediten la compra del mismo. Quiero respuestas, porque esa comisaría la pagamos todos con nuestros impuestos. Y que hay del galpón de la calle 9 donde antes funcionaba la planta de una conocida gaseosa, en uno de los ingresos a Sáenz Peña al cual la policía se trasladará en breve: la dueña de esa "locación" sería un familiar directo del Secretario de Seguridad.

El Centro de Video Vigilancia y Seguridad Electrónica de nuestra provincia, servicio prestado por la empresa Sharplook se encuentra en Barranqueras. 70 personas, en turnos rotativos, monitorean las más de 600 Cámaras (aunque no todas en funcionamiento). A mi criterio, un número muy poco significativo de empleados, para una tarea crucial. De las 50 cámaras instaladas en Sáenz peña, solo funcionarían 15, que se ubican solo en el casco céntrico, y que por citar un ejemplo, la terminal de ómnibus de mi localidad, no tiene ni una sola.

Es que todas las cámaras funcionando significan mucho presupuesto, así que simplemente se recorta. Lo absurdo de esta situación, es que no se habría recibido ni una sola alerta por delito desde Barranqueras a las comisarías de Sáenz Peña, con lo cual tendríamos un sistema caro, que funciona en un 30% y que no ha obtenido resultados. O acaso se pudieron obtener pruebas de un delitos gracias a las videocámaras? Cuantos hechos delictivos se esclarecieron en La Termal desde su instalación?.

Los objetivos son siempre claros, cuidar al ciudadano, y eso no requiere más que el accionar diligente, actuando con honestidad y ganas de servir al otro, porque ese fue el deber que asumieron. Y en lo que respecta al Secretario de Seguridad, lo eligieron "a dedo" para cumplir con una responsabilidad, que a las claras, le queda muy grande, porque poco hace por la prevención del delito y la seguridad pública, para demostrarnos la falta de políticas efectivas, de las que debe hacerse cargo. Mientras tanto los índices de delitos crecen aunque no los publiquen y sigan escondiendo las verdaderas estadísticas.


Por Marilyn Canata (diputada provincial)


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