La Asociación Civil en Defensa del Derecho de la ciudadanía y en este caso de la constitucionalidad y legalidad de los actos jurídicos, considera que así como el poder ejecutivo no puede arrogarse las facultades de otros poderes, tampoco puede delegar aquellas que les son competente, es así que el capítulo II de la Constitución Provincial que establece los deberes y atribuciones del gobernador, en su art. 141 inc. 6), dice que es “quien Convoca a elecciones en los casos y épocas determinados en esta Constitución y leyes respectivas, sin que por ningún motivo puedan ser diferidas y en los casos y con los procedimientos provistos en el art. 29 de esta Constitución”, y el art. 5°, de la Delegación de atribuciones y funciones, dice “Los poderes públicos no podrán delegar sus atribuciones ni los magistrados y funcionarios, sus funciones, bajo pena de, nulidad. Tampoco podrán arrogarse, atribuir, ni ejercer más Facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten, y el art. 9°, que se refiere a la inconstitucionalidad de las leyes y la facultad de veto, dice que “Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a la ley suprema de la Nación o a esta Constitución son de ningún valor, y los jueces deberán declararlos inconstitucionales a Requerimiento de parte.