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José Luis Cabral
Domingo, 1 de junio de 2014
Los Juzgados de Familias, son Tribunales de la Inquisición
Recientemente y con motivo de la evaluación y selección del quinto integrante del S, T. J, se escribió respecto de lo mal que funcionan los juzgados de familia, es bueno reflexionar de porque ocurre ello y las causas por la que muchos ciudadanos lo vienen denunciando. Tal es el problema, que es posible encontrarnos con mayor asiduidad a muchos papás, que a pesar de tener un genuino interés en continuar la relación con sus hijos, no tienen ni van a tener la posibilidad de comunicarse con ellos durante mucho tiempo, ya que la justicia de familia en lugar de promover la unión familiar, tienen un accionar discriminatorio en contra de la relación papa/s-hijo/s.



La familia es la célula madre de toda sociedad organizada, ya que en ella se forjan los ciudadanos que en un futuro nos dirigirán. Si se desenvuelven y se educan en un ambiente sano y saludable espiritual, moral, material y físico es muy probable que en su desarrollo, su comportamiento se maneje en ese contexto. Por ello, ante una situación de ruptura de los fundadores del hogar, se debe proteger a los niños, y garantizar su derecho a conservar su identidad y mantener un contacto fluido con ambos progenitores. El hecho de que haya una separación, que puede ocurrir por las más variadas circunstancias, no significa que uno de ellos debe hacerse cargo de la educación, sino que es una responsabilidad compartida. Un Juez de familia, lo primero que debe hacer es convocar a las partes y establecer un régimen de visita adecuado que contemple especialmente los derechos del niño. Sin embargo así como vienen funcionando, es una herramienta para que uno de ellos pueda utilizarlo como arma de venganza en contra del otro y no actúa como una institución que debe defender ante todo la integridad espiritual del niño, su sentido de pertenencia a una familia compuesta por un papa y una mama y su derecho de poder comunicarse con ambos, sin restricciones y/o limitaciones. Esto ocurre porque las juezas parecieran desconocer el derecho de familia, y haciendo abuso de poder atentan jurídicamente contra los papás, negándoles sistemáticamente el derecho de ver a sus hijos, justificados en la “compra” de argumentos de abogados defensores que dicen ser buenos auxiliares de la justicia familiar, pero que utilizan la difamación y la mentira, como recurso de defensa, esgrimiendo sospechosamente la misma línea argumental en todos los expedientes del que participan, como que le atacaron con cuchillo, que le tomaron de los pelos, etc., para “salir siempre ganadores” (no entienden que en estas historias nadie gana), impidiendo que prevalezcan el derecho y el sentido común en salvaguarda de la infancia; y las inquisidoras “ nunca ven” esos artilugios, permitiendo dichas maniobras, ya que si analizaran los argumentos de las supuestas violencias familiares se darían cuenta que son similares a las de otros expedientes. De tal modo que terminan avalando ese escenario artificial, situación que no debería darse, ya que siendo ellas las que ven todos los escritos, no toman constancias de la similitud de los hechos narrados, al contrario atacan a los padres con resoluciones que más bien apuntan a destruirlo moral, psicológica y económicamente, permitiendo que los hijos sean rehenes de un progenitor. El ser humano es uno, sea varón o mujer, sus necesidades y reacciones son similares, los defectos y virtudes se encuentran en ambos, por lo que no deben generalizarse los comportamientos en contra de un género, ambos son complementos y para que la especie humana exista todavía se necesitan de los dos. Las juezas de familia de la Provincia del Chaco no lo entienden así y generan violencia moral y sicológica en contra de los padres, creándoles una situación de impotencia al ver que nada pueden hacer y se pierden los mejores años de sus hijos, forjándose en consecuencia una sociedad resentida, donde es posible encontrar desviaciones sexuales de esos niños que no se sienten identificado con su par, con problemas de drogadicción, de alcoholismo, de violencia, de abandono. Los padres después de una separación y tras la intervención judicial deben concurrir a terapias para reponerse de su agraviada salud mental ocasionadas por magistradas perversas que lo menos que les interesa es la familia. Como puede ser que el juez, una vez iniciada una causa no pregunten donde están los niños, con quien está y si lo otra parte ha manifestado algún interés en verlos y no decida.???? El caso del Sr. Alejandro Fran (Carta de lectores diario Norte, 10/05/2011, Pág.30) en que lo dispuesto por la Justicia parece más una injusticia, es la punta del iceberg, peores fallos salen de ahí). Por ello la Asociación Civil en Defensa del Derecho de la Ciudadanía , en defensa de los niños, que son el futuro de la patria, convoca a los Diputados para que se dicte una ley donde como mínimo se reorganice el funcionamiento de los juzgados de familia, con composición colegiada y mixtos, para evitar favoritismo hacia un género, con evaluación siquiátrica de sus integrantes a los efectos de poder detectar posibles deficiencias que atenten contra el buen cumplimiento de sus funciones, estableciendo plazos perentorios preestablecido, que debe cumplirse aunque algunas de las partes no lo impulse, porque está en juego una vida en formación y ante una separación, inmediatamente convocar a las partes y garantizar a los afectados el derecho a que sigan teniendo contacto con sus hijos a través de un régimen de visita adecuado.

Bastaría con hacer seguimientos de expedientes para ver cual ha sido el comportamiento de quienes deben administrar justicia en el derecho familiar. Creemos que en los Juzgados de Familia se están violando Derechos humanos de los niños y de los padres, ya que continuamente emiten resoluciones y sentencias que atenta contra estas relaciones, observándose acciones claramente discriminatorias, que impiden el normal desarrollo de las relaciones familiares. Haciendo imprescindible la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la Subsecretaria de Derechos Humanos, el Inadi y quienes tienen competencia, ya que en estos lugares se estarían produciendo hechos oscuros, confusos e inexplicables que atentan mayoritariamente en contra del progenitor masculino. El derecho internacional establece que el estado debe velar por la integridad de los niños, pero en la Provincia del Chaco ello no ocurre. Cómo podemos tener jueces en familia, que si leemos sus fallos parecen atentar contra la institución familiar, contra el padre y el menor.

Por lo que se convoca a los afectados a unirse en una estrategia común para defenderse y poder enfrentar a los tribunales de la inquisición instalados en la justicia de familia. De esa manera también se podrá hacer estadísticas de los afectados.

La Asociación Civil MOCOUT invita a los afectados a realizar las denuncias ante los organismos competentes para que tomen carta en el asunto en defensa de la integridad familiar.

El Consejo de la magistratura cuando selecciona los jueces que van a ocupar los Juzgados de Familia, debe tomar los recaudos necesarios para que los profesionales que van a ocupar estos cargos no evidencien algún problema que obstaculice el normal desarrollo de las funciones de administrar justicia con equidad y sentido común.



José Luis Cabral

MOCOUT-Movimiento Cooperativo Unido por Trabajo


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