Domingo, 19 de Mayo de 2024
Instagram Facebook Twitter Youtube
Por el Dr. Gustavo Corregido
Sábado, 31 de mayo de 2014
TARJEBUS: el fracaso de los que se rasgan las vestiduras
Realmente fueron disparatadas las declaraciones de las últimas horas de empresarios, gremialistas, y lo que es peor, funcionarios municipales en relación con la decisión de la juez de Garantías N° 3, Rosalía Zózzoli.



Claramente, si hay algo que conspira contra el funcionamiento del sistema de tarjetas es la improvisación tanto de la Subsecretaría de Transporte, como la Municipalidad de Resistencia. Especialmente la municipalidad, que hasta la fecha no ha reglamentado el funcionamiento de la denominada Tarjebus y por eso la Defensoría está esperando un dictamen de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ante una denuncia efectuada al efecto.

La incapacidad de hacer bien las cosas ha llevado a que los principales actores del sistema de transporte público de pasajeros busquen el chivo expiatorio para poder alienar sus propias culpas. Es incomprensible que el secretario general de la UTA (pese a que no me canso de destacar que ha sido el factor principal para obtener la prórroga hasta el 1 de junio), considere ahora que sus choferes representados sí podían cortar boletos, por 15 días más, a 5 pesos, pero no pueden hacerlo cuando lo que tiene que pagar el pasajero sin TARJEBUS es 3,75 pesos.

¿Es posible aceptar que la Cámara de Empresarios CETACH, que ya pidió otro aumento en el boleto, y que controla al fideicomiso TARJEBUS, diga que la Defensoría se va a tener que hacer cargo de las quejas de la gente que quede en la parada? ¿Qué piensan que estamos haciendo ahora? ¿Por qué creen que presentamos esa acción de amparo?
Aún así, tanto el gremio como la Cámara de empresarios responden a intereses sectoriales. Los primeros a los choferes y trabajadores del transporte y los segundos a las empresas. Es entendible entonces, el exabrupto, aunque no lo comparto de ninguna manera.

La Municipalidad de la ciudad de Resistencia, sus funcionarios, que responden a las órdenes de la intendente Aida Ayala, en cambio, deberían representar al pueblo de la ciudad de Resistencia. A la gente que los votó y a los que no los votaron.

De ahí que es insostenible que en cada oportunidad que tengan, resuelvan en contra de los intereses de la gente común. De los usuarios del transporte. Ahora querían penalizarlos con una tarifa más cara, por no tener la tarjeta magnética.

En un silencio prácticamente de ocultamiento acordaron el jueves 29 por la mañana y lo manifestaron en la audiencia convocada por la Juez Zozzoli, prorrogar el boleto en efectivo y cobrar 5 pesos a los que no tenían la tarjeta Tarjebus. Pero como lo que la magistrada resolvió proteger a los usuarios comunes, ahora miran hacia otro lado e incluso con descaro, afirman que no dijeron lo que dijeron.

Sería cómico, si no fuera que se trata de medidas que tienen impacto en el bolsillo de la gente. De gente que es el sector más vulnerable de la sociedad. Entonces deja de tener gracia y se transforma en una cuestión demasiado seria.
La Defensoría no pidió una prórroga, y entiende que los choferes están amparados por el Decreto 692/92 “Normativa sobre Condiciones de trabajo, Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo de los Conductores del Autotransporte Público de Pasajeros por el Camino” y por eso destacó el gesto de la UTA de aceptar la prórroga del 2 de mayo. Lo que sí pidió a la Justicia, porque la Municipalidad no lo hace, es que obligue al poder concedente a ejercer el poder de policía.

Es inaudito que tenga que ser un poder extraño el que le diga a la Municipalidad cómo tiene que hacer su trabajo. Pero no hay más remedio cuando los ciudadanos quedan desprotegidos por la incapacidad o la desidia de sus autoridades. Ese es el fracaso de las autoridades de la ciudad capital.

De nuevo, ahora, ante la orden de un Juzgado y la manifestación anticipada de sectores interesados (el gremio y los empresarios) de desconocer esa Resolución, instamos a la Municipalidad de la ciudad de Resistencia y a la Subsecretaría de Transporte, a ejercer sus facultades derivadas del poder concedente, bajo apercibimiento de incurrir en presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. No habrá dudas en esta Defensoría de poner en conocimiento del fiscal de investigación la desidia o negligencia de los funcionarios. Si es involuntario o deliberado, es también algo que hay que analizar.


Por el Dr. Gustavo Corregido
Defensor de Pueblo de la Provincia del Chaco


Editor Responsable: Jorge Tello
redaccion@eschaco.com | direccion@eschaco.com
Reportero: 3624647631 - Redacción: 3624895748
Copyright ©2013 | www.EsChaco.com
Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Chamigonet - Diseño Tapa: DG ___anny