Hay que derogar todos los plazos para perseguir la corrupción y los delitos más graves - EsChaco.com - Resistencia

Por Hugo Maldonado

Jueves, 22 de mayo de 2014

Hay que derogar todos los plazos para perseguir la corrupción y los delitos más graves

Cuando la Conferencia Episcopal nos advirtió días atrás que la “Argentina está enferma de violencia” y nos alertó sobre el crecimiento de los delitos y la agresividad de los delincuentes, denunció también la corrupción como un verdadero cáncer social, que por la lentitud de las causas, en su mayoría terminan prescribiendo por el paso del tiempo y de esa manera garantizan la impunidad.

Esa es exactamente la razón primordial de mi proyecto de ley, presentado ya en 2012 (Expte. N° 7787-D-2012), para sancionar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como un medio de de proseguir sin término la acción de la Justicia y evitar que las causas penales terminen sin condena para los responsables.

Felizmente mi reclamo está siendo acompañado por muchos legisladores en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y tengo esperanzas que se sancione antes de finalizar mi mandato como diputado nacional a fines del próximo año.

Por cierto la corrupción, tanto pública como privada, está muy arraigada en el país y hacen falta nuevos instrumentos legales para combatirla, ya que hasta ahora no se ha logrado reprimirla con eficiencia, prácticamente no hay condenas por esos delitos y los procesos penales se extienden por muchos años, lo que facilita la impunidad y alienta la reincidencia.

De tal manera, todo un capítulo del Código Penal Argentino para sancionar la corrupción resulta estéril y hoy permanece inútil, como letra muerta de las leyes que no se aplican, lo que deteriora la confianza de los ciudadanos en la eficacia de la Justicia.

La corrupción permite desviar dineros que deberían destinarse al bien del pueblo, lo cual, como advierten los obispos argentinos “provoca ineficiencia en servicios elementales de salud, educación, transporte”…. Habitualmente estos delitos prescriben o su persecución penal es abandonada, garantizando y afianzando la impunidad.

“Son estafas económicas y morales que corroen la confianza del pueblo en las instituciones de la república y sientan las bases de un estilo de vida caracterizado por la falta de respeto a la ley”, ha afirmado la Iglesia. Ello nos lleva a reconocer que la violencia, -que rompe el fundamento ético de la vida social- , tiene una raíz política.

Porque “sólo si las leyes justas son respetadas, y quienes las violan son sancionados, podremos construir los lazos sociales dañados por el delito, la impunidad y la falta de ejemplaridad de quienes tenemos alguna autoridad”, concluye la 107° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina.

Vale la lección y tal vez habrá que pensar en una futura CONADEP de la corrupción, en el futuro gobierno, para recuperar la confianza perdida en la autoridad política y refrenar la violencia que hoy enferma a la sociedad argentina.

Pero debemos hacer el esfuerzo y acompañar con políticas que empoderen a la ciudadanía y propicien las herramientas que necesita para hacerse cargo del control público. Y con este espíritu presenté también un proyecto de Derecho a la Información Pública (4673-D-2013).

Para el estado Mexicano ha representado un significativo avance, en materia de pelea contra la corrupción, la sanción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que reconoce y regula el derecho individual al acceso a la información de las instituciones y organismos del Estado. Porque ciudadanos activos y comprometidos con nuestras responsabilidades civiles es el inicio de nuestra larga batalla por erradicar la corrupción.