La deuda de adaptar la ciudad - EsChaco.com - Resistencia

Por el Dr. Gustavo Corregido

Domingo, 20 de octubre de 2013

La deuda de adaptar la ciudad

La ausencia de rampas en micros es un ya un antiguo reclamo del Instituto del Defensor del Pueblo. Sin embargo, esta postura termina atendiendo también la demanda de sectores que trascienden a las personas con discapacidad. Resistencia aún tiene barreras arquitectónicas, aunque no parezcan visibles en el microcentro de la ciudad.

La última reunión de la Mesa de Trabajo de Discapacidad del Instituto abrió un reclamo inesperado. Las organizaciones que trabajan en esta materia, advirtieron que reclamar las condiciones para el transporte público tiene relación no solamente para las personas con discapacidad, sino para el conjunto de la sociedad ante las características de las unidades que circulan en el área metropolitana.

Es por eso que luego del largo reclamo a favor de la accesibilidad total de todas las unidades del transporte todavía pendiente, es necesario ir superando las barreras en materia de infraestructura o urbanística, también en su edificación y aún en algo más sensible que es la conciencia social.

La discusión del piso bajo o adaptado está terminada. Las leyes obligan a las empresas a la accesibilidad del transporte y las normas locales o provinciales deberían contemplar esas obligaciones. Las fábricas de carrocería de micros en todo el país también están informadas de esta manda de la ley. Aún así buscar la falta de respuestas solamente en el sector empresario no aparece como realista ante las características de nuestra área metropolitana.

La capital tiene sigue teniendo barreras. Efectivamente de anteriores reuniones de esta Mesa de Trabajo participaron representantes del sector empresario del transporte, y manifestaban allí las limitaciones de la ciudad que conspiran contra la inversión que deben hacer para dar cumplimiento a la obligación de tener unidades accesibles.

Aunque parezca una excusa habitual, las propias organizaciones pusieron de relieve las implicancias de no tener paradas de colectivos adaptadas en la ciudad. E incluso –como ya se ha dicho- el impacto que esta situación tiene también para niños, personas adultas, adultos mayores, que ven dificultado su acceso al transporte público.

Súmese a eso la situación de algunos edificios públicos, por el caso el señalado en la última reunión el histórico edificio de la Municipalidad de Barranqueras, incluso algunos edificios del Poder Judicial.

La responsabilidad de las autoridades no exime a la de los propios ciudadanos. Obstaculizar una rampa es una conducta impropia que se registra con mucha asiduidad en una ciudad en donde el estacionamiento en el microcentro es escaso.

No solamente se tapan rampas, también se bloquean paradas de colectivos. En esto, importa señalar que la identificación de las mismas, su perfecta delimitación, debería ser el paso previo a la aplicación de sanciones para los infractores que generan esta circunstancia.

La cuestión ya no admite discusiones. Las normas que garantizan la protección integral de las personas con discapacidad, tienen antigua vigencia en el país y varios años en la legislación provincial.

Los plazos están absolutamente vencidos, pero estamos discutiendo como si recién se empezara. Permanentemente afirmo que la accesibilidad del transporte público de pasajeros, es uno de los derechos esenciales. Es el que permite la inclusión de las personas en su posibilidad de educarse, trabajar, esparcimiento, traslado a centros de salud, y aquí están vulnerados.

Pero es preciso subrayar, atendiendo el reclamo empresario, que no se trata solamente de rampas en colectivos, sino también la adaptación de la infraestructura de la ciudad para completar un círculo virtuoso.

Y no solamente para personas con discapacidad. El objeto de esta columna es hacer notar que las barreras son para todos, niños, adultos, adultos mayores, mujeres embarazadas. En esto la deuda no discrimina.

El Estado debe tener una mirada integral para dar solución definitiva a un problema recurrente. Las inversiones necesarias deben presupuestarse y avanzar de modo programado. Para que la satisfacción de los derechos pueda hacerse previsible.

Es preciso saber cuándo van a darse cumplimiento a todas las cuestiones pendientes. Es cierto que no todo puede hacerse en lo inmediato. Pero la actual situación demanda por lo menos el compromiso –como política de Estado y no solamente de gobierno- en el que todos los actores definan un camino, en beneficio de los ciudadanos.

Por el Dr. Gustavo Corregido

Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco